Más presión oficial a las privatizadas

José Luis Rodríguez Zapatero

Continuarán esta semana las audiencias públicas con las empresas privatizadas de energía. El miércoles será el turno de Transportadora de Gas del Sur (TGS); y el jueves, el de Camuzzi Pampeana y Sur, en ambos casos en Bahía Blanca. Pero los debates son sólo la cara pública de una negociación que empezó a abrirse en las últimas semanas con las compañías.

Para el gobierno, la cuestión central en la relación con las privatizadas pasa actualmente por los juicios abiertos por esas empresas ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, por la pesificación y congelamiento de las tarifas.

El pedido es que las empresas renuncien a esos litigios como ya lo hizo Gas Natural BAN o la petrolera Pioneer, o que por lo menos suspendan todas las actuaciones, que es la actitud que tomó AES, la accionista controlante de Edelap.

Esta posición del gobierno no es nueva, ya que está puesta sobre la mesa por lo menos desde enero, cuando estuvo en Buenos Aires el jefe del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero. En esa oportunidad, el presidente Néstor Kirchner le pidió que intercediera ante las privatizadas españolas para que bajaran los juicios en el CIADI.

El asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián, pidió entonces a las compañías de su país que expresaran por escrito las condiciones que requierenpara desistir de los litigioscontra el Estado argentino. Como primer resultado de esas tratativas, Gas Natural BAN anunció en marzo que desistirá del juicio. Luego, hace unas tres semanas, Lisandro Sala, que representa al ministro Julio De Vido en la unidad de renegociación (Uniren), estuvo en España, negociando con las autoridades de Endesa una actitud similar a la de Gas Natural, aunque se trata de empresas con actitudes distintas ante el gobierno argentino.

En Gas Natural, los accionistas controlantes son La Caixa y Repsol-YPF, siendo la primera, a su vez, la accionista de mayor influencia en este momento en la petrolera. Ya sea por la envergadura del negocio de Repsol en la Argentina o por cierta afinidad de La Caixa con el gobierno de Kirchner, la situación es distinta de la de Endesa, controlante de Edesur y de Central Costanera, y más reticente a abandonar el juicio en el CIADI.

En términos casi iguales, Sala conversó el mismo tema con Electricité de France, que es la dueña de Edenor. El interlocutor habría sido Edgardo Volosín, gerente de la distribuidora argentina, quien a su vez está actuando como intermediario en la venta de la eléctrica al grupo Dolphin de Marcelo Mindlin, una operación que es del agrado de Kirchner y que permitiría saltear el CIADI con más facilidad.

Según trascendidos confiables, la misma negociación está abierta por lo menos también con Aguas Argentinas. El planteo del gobierno incluye, con alguna diferencia según el tipo de servicio, ofrecer ahora una suba de 15% en tarifas de industrias y comercios grandes, y prometer para el año próximo el inicio de una recuperación tarifaria integral, es decir que abarque también a los hogares.

En las actas propuestas en las audiencias públicas quedan planteados desde ya otros puntos de interés para las empresas: un sistema de ajuste de tarifas según evolución de costos y una actitud del Estado más exigente en cuanto a las inversiones, pero en apariencia no exageradamente intervencionista.

Por ahora, las privatizadas creen que la propuesta del gobierno para que suspendan o desistan de los juicios es insuficiente. Pero las conversaciones continúan, y las compañías no niegan que el CIADI opera como un elemento de presión. «Es lo único que tenemos para que nos respeten los contratos», afirma la mayoría.

El punto es cómo encuentra el gobierno, en cada caso, la oferta posible de derivar en la suspensión o el desistimiento. Mientras tanto, la administración también usa al CIADI para presionar: si no hay una decisión de las empresas sobre los juicios, tampoco habrá ajustes de tarifas, y en algún momento, la tregua de las últimas semanas podría ser seguida de nuevas confrontaciones.