Más reclamos de la SEPI al gobierno por Aerolíneas

La distensión por la crisis de Aerolíneas Argentinas, que sucedió al anuncio de que el gobierno nacional aportaría 16,2 millones de pesos a la empresa, duró poco y ayer volvió a notarse preocupación en el gobierno por este tema.

Apenas llegados de Madrid, los directivos de la SEPI, sociedad estatal española dueña de 85% de la compañía local, Emilio Cabrera y Juan Gurbindo, mantuvieron una extensa reunión con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, en la que reiteraron la intransigencia frente a los gremios y los compromisos pendientes de solución por parte del Estado argentino, como la rebaja de las tasas y alquileres en aeropuertos y la flexibilización de normas de seguridad de la Fuerza Aérea.

Seguridad

Según fuentes de la empresa, los españoles le aseguraron a Bullrich que destinarán los fondos aportados por el Estado al pago de los sueldos adeudados de abril, despejando alguna duda creada sobre el punto por la propia ministra. Sin embargo, también dijeron que no pagarán los salarios hasta que la Secretaría de Hacienda realice la transferencia, lo que podría todavía demorar la efectivización de los sueldos hasta el lunes, por el feriado de mañana.

El aporte realizado por el Estado surge de la capitalización de Aerolíneas resuelta en octubre pasado. La empresa fue capitalizada en 650 millones de pesos y como el Estado retiene 5% de la empresa de bandera, le corresponde integrar 32 millones. De ese total, el año pasado se abonaron 8,125 millones y el resto iba a pagarse en dos cuotas anuales, tal como permite la ley de sociedades. En el actual presupuesto, el desembolso estaba previsto en octubre y era de 8,125 millones. Ahora, frente a la crisis de Aerolíneas, el gobierno resolvió adelantar el pago e integrar 16,24 millones.

Pero la SEPI reclamó el cumplimiento de los demás compromisos asumidos por el Estado en un acta que firmaron el presidente de esa empresa, Pedro Ferreras, y el secretario de Programación Económica, Miguel Bein, dos días antes de la asamblea en octubre. El acta incluye la rebaja de las tasas y demás cargos que se pagan por las instalaciones aeroportuarias, la flexibilización de normas de seguridad de la Fuerza Aérea, en cuanto a la cantidad de tripulantes con que debe volar un avión, y la obligación para los funcionarios oficiales de utilizar el servicio de Aerolíneas.

Además, la empresa española supeditó el inicio de las tratativas con los sindicatos para reducir salarios y flexibilizar las condiciones laborales, a que los siete gremios que operan en Aerolíneas y Austral, acepten las negociaciones, siendo que hasta ahora el de los técnicos aeronáuticos (APTA) no fijó todavía su posición definitiva frente al arbitraje propuesto por el Ministerio de Trabajo.

La tensión oficial quedó revelada en un diálogo privado entre el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que por razones técnicas se escuchó ayer durante un acto en el salón sur de Casa de Gobierno.

Compromisos

Cavallo habría dicho: «No sabía que habíamos asumido una serie de compromisos que no estábamos cumpliendo». También que «el lunes (cuando estará en Madrid junto con Bullrich) les podemos decir que si nosotros hemos cumplido, cumplan ustedes también».

A esto Colombo habría respondido «es un tema complejo, a los españoles hay que tocarles el amor propio», a lo que Cavallo contestó : «Acordate que ellos han mandado un montón de plata por el blindaje, nos van a mandar a la m...».

Este diálogo revela también que la decisión del gobierno de Fernando de la Rúa de anticipar los aportes para Aerolíneas se debe no sólo a la necesidad de evitar el cierre de la empresa, sino también al papel del Estado español y los bancos de ese país en el canje de la deuda.

Negociaciones

Se entiende que el aporte de capital realizado por el Estado no es por sí solo garantía de la continuidad de Aerolíneas, y que para resolver el problema será clave la negociación que harán Cavallo, Bullrich y probablemente también el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, en Madrid el próximo lunes.

Ayer, la Comisión Bicameral del Parlamento, que preside el diputado Alberto Natale, resolvió dirigirse al Poder Ejecutivo para indicarle que «en las relaciones que se mantengan con los entes estatales de España, titulares de la mayoría accionaria de Aerolíneas Argentinas, debe requerirse que adopten las medidas necesarias para salvaguardar el funcionamiento de la línea de bandera argentina».

En los considerandos del dictamen, la Bicameral expresó que «es responsabilidad de quien adquirió la empresa libre de pasivos y la gerenció durante todo este tiempo (desde 1990), salvaguardar la línea de bandera de nuestro país que hoy afronta una crítica situación».

La Bicameral recordó que el balance de Aerolíneas al 31 de diciembre pasado muestra un pasivo de 926,8 millones de pesos y una pérdida para el ejercicio 2000 de 363,4 millones de pesos.

Según la Comisión, «es menester atento a las superiores relaciones entre la Argentina y España, y a la importancia de las inversiones españolas en servicios y bienes argentinos, que no se afecte la marcha de Aerolíneas, habida cuenta de la importancia que tiene en nuestro transporte aeronáutico».