Los ministros de Economía de todas las provincias, agrupados en un frente común, repudiaron el actual reparto de fondos implementado por Nación para los 23 distritos de todo el país y exigieron una división más equitativa de la recaudación impositiva federal. Los funcionarios aseguran que el gobierno federal incurrió en un despilfarro del gasto público, siendo «el principal responsable del déficit y, en consecuencia, del (aumento del) riesgo-país», y señalan que la administración central fue recortando progresivamente, y en su favor, las partidas correspondientes a las provincias, incumpliendo así múltiples pactos federales.
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Al cabo de una controvertida semana, en la cual todos los gobernadores coincidieron en afirmar su postura de no aceptar recorte alguno al monto fijo coparticipable de $ 1.364 millones, los ministros -oficialistas y opositores-, también reunidos en Capital Federal, elaboraron un documento apuntalando a sus mandatarios y declarándose en estado de asamblea permanente. Los titulares de las carteras económicas advirtieron que los incumplimientos de Nación nacional hacen «insostenible la paz social» y ahora estudian hacer una nueva presentación a la Nación.
Entre los fundamentos sostenidos en el escrito, se menciona que la distribución porcentual de tributos coparticipables, en la última década pasó de ser «de 57,60% para las provincias en enero de 1988, a poco más de 40% en la actualidad, en términos efectivos. Este proceso, iniciado en agosto de 1992, acumuló transferencias netas de recursos de las provincias al gobierno federal por un monto superior a $ 30.000 millones, 4.000 millones más que el total de la deuda del conjunto de las provincias».
«La realidad es que -avanza el documento-, mientras que en la conformación del déficit consolidado a 1994, 50% correspondía al gobierno federal; y el otro 50%, al conjunto de las provincias; al primer semestre de 2001, 76% corresponde al gobierno federal; y de recursos de gobierno federal erior a $ 30.000 llones más que el el conjunto de las 24%, a las provincias. Esto demuestra que el gobierno nacional, a pesar de haber privatizado las empresas públicas deficitarias y haber transferido los servicios de salud y educación a las provincias, resulta ser el principal responsable del déficit y, en consecuencia, del riesgopaís».
Las quejas también están orientadas hacia el hecho de que, según afirman, el proceso de descentralización de los servicios básicos, como salud, educación, Justicia y seguridad, ha tenido más que ver con la «necesidad» del gobierno federal de recortar gastos que con «una estrategia de profundización de las autonomías provinciales».
Por otra parte, se cuestiona que durante las sucesivas negociaciones que dieron lugar al blindaje, en 2000; al megacanje, en junio 2001; y al auxilio del FMI, en agosto de 2001, «no se tuvo presente que eran buenas oportunidades para introducir a las provincias dentro del paquete de negociación a lo fines de reducir la carga de la deuda provincial y mejorar su perfil».
En concreto, el documento acordó los siguientes puntos: * Conformación de la Asamblea Permanente de Ministros de Economía y Hacienda Provinciales para generar alternativas a la política fiscal y financiera de Nación. * Pedir a Nación la implementación de la ley de emergencia económica en sus capítulos referidos a las deudas recíprocas entre Nación-provincias desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2000. * Propiciar la incorporación de cuatro representantes provinciales al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. * Proponer que la renegociación de las deudas nacionales y provinciales se realicen en forma conjunta. * Proponer la implementación, en la órbita del Consejo Federal de Inversiones (CFI), de un plan para revalorizar el rol de los estados provinciales.
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