El Gobierno requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre el origen de los fondos de cada operación que realicen cuando involucren montos mayores a los 50 mil pesos.
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Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada hoy en el Boletín Oficial.
Según esa medida, la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El objetivo de la norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas.
La UIF justificó la nueva resolución al señalar que habían surgido "diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de registros seccionales del país".
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