18 de junio 2024 - 09:07

Monotributo social: en cuatro años creció 71% y las cooperativas advierten por los cambios en Diputados

La Ley Bases retoma la agenda. El oficialismo pretende obtener dictamen el 25 de junio y votar el 27 de este mismo mes. Allí se definirá el futuro del monotributo social, luego de que Senadores haya eliminado el artículo que proponía modificarlo.

El acampe de la izquierda pidiendo refuerzo en los subsidios a las cooperativas de trabajadores y un bono de fin de año paralizó ayer la avenida 9 de Julio a la altura de Belgrano.

La Cámara de Senadores rechazó el artículo 100 que prácticamente derogaba el monotributo social. La cantidad de contribuyentes a este régimen creció más de 70% entre 2019 y 2023. La decisión final la tiene Diputados, que puede insistir con los cambios. Preocupación entre las cooperativas, que advierten por la informalidad creciente.

“Sé que estamos muy cansados ya, pero se está por cometer una injusticia muy grande y creo que estamos a tiempo de evitarla si me prestan atención dos minutos”. La advertencia del diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, a sus colegas de la Cámara Baja tenía que ver con las implicancias de los cambios en el monotributo social que había propuesto el Gobierno.

Es por eso que el aliado político de Juan Grabois había propuesto noventa días como ventana de tiempo, para que en ese plazo el Gobierno y la oposición negociaran la incorporación de una categoría de monotributo inferior a la “A” en el régimen simplificado.

La iniciativa, acompañada por Nicolás del Caño (FIT), Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal), Pedro Galimberti (UCR) y Daniel Arroyo (UP), se incorporó en Diputados como modificación dentro del paquete fiscal, particularmente en el Título VI del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Sin embargo, fue la senadora Alejandra Vigo quién propuso votar por separado el artículo 100, que contemplaba las modificaciones al monotributo. En la práctica, según Hagman, los cambios eliminan su componente social. El resultado fue 30 votos afirmativos, 40 negativos y 2 abstenciones, excluyendo así el artículo en cuestión.

Para la presidenta de Monotributistas Asociados República Argentina, Noelia Villafane, la potencial eliminación de este régimen resultaría perjudicial para 1.203.041 trabajadores de bajos ingresos, entre 617.626 titulares de monotributo social y 585.415 adherentes.

Actualmente, el universo de monotributistas sociales abonan $3.228 mensuales. Con el aumento de las modificaciones votadas en el monotributo ahora pagarán $9.900, pero con el dictamen que se iba a aprobar en Senadores, pasaban a pagar $23.600, más $13.800 por adherente.

La discusión legislativa se traslada a una verdadera preocupación entre las cooperativas, puesto que la figura del monotributo social, con sus debilidades, contribuye a la formalización de los puestos de trabajo en estas organizaciones.

Para Joaquín Labagnara, presidente de Federación de Cooperativas de Trabajo de Tres de Febrero (Fe.Coo.TREF), el monotributo social “realmente sirve” porque “permite a los compañeros de las cooperativas el acceso a una obra social y a realizar aportes jubilatorios”. “Esa ayuda con la cual contábamos desde el Estado es positiva porque permite lograr una formalidad con todos los trabajadores. Ahora vemos con mucha preocupación su posible eliminación, porque eso implica un fuerte impacto en la retribución de los ingresos”, advierte.

La alternativa que puede barajar la Cámara Baja es insistir con el texto original incluyendo la prórroga de 90 días, para la posterior creación de una nueva figura del monotributo social.

Según Luis Campos, investigador de la CTA-Autónoma, el crecimiento de esta figura escaló un 71% entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023.

Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), considera que la eventual decisión de eliminar el monotributo social, tal como se conoce, “tendría como consecuencia el incremento de la la informalidad” y resultaría en “mayor presión sobre el sistema público de salud, que también debe enfrentar el ajuste fiscal de los programas nacionales y de las jurisdicciones provinciales”.

Consultada por este medio, la dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, asegura que las reuniones son constantes para definir de qué forma actuar ante la decisión en Diputados.

Respecto de la posibilidad de poder tomar alguna medida judicial frente a los cambios que se podrían ratificar en Diputados, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano considera que “cuando se entran beneficios laborales y sociales a través de una figura tributaria, cuesta argumentar que se obtienen derechos adquiridos, lo cual, por ejemplo, se hace aplicación del principio de no regresividad de las políticas sociales y laborales”.

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