Negativo informe sobre los trenes

Los concesionarios de trenes de pasajeros no cumplieron con los cronogramas de inversiones comprometidas en el contrato de concesión, ya sea no ejecutando las obras o postergándolas. Esto incrementó la necesidad de mayores tareas de mantenimiento, algo que en la práctica tampoco sucedió.

Así lo expresa el informe que la Auditoría General de la Nación envió ayer al ministro Roberto Lavagna sobre transporte público automotor y ferroviario, tanto de carga como de pasajeros.

Los informes fueron solicitados por Lavagna a la Auditoría hace unos 45 días, luego de que se formó la nueva unidad renegociadora de los contratos que depende en forma conjunta de los ministerios de Planificación y Economía. En tanto, el titular de Planificación, Julio De Vido, requirió informes a FLACSO, entidad que fue tradicionalmente muy crítica con el proceso privatizador en la Argentina.

El comunicado de la Auditoría extrae conclusiones sobre sus informes más relevantes correspondientes al período 1993-2003 en los que cuestionó la actuación de los organismos de control en relación con los incumplimientos de las concesiones.

Al primer informe sobre transporte terrestre, en los próximos días, expresa la nota del auditor general Leandro Despouy, le seguirán, según lo acordado previamente, «los trabajos referidos al sistema nacional de aeropuertos, al sistema postal argentino, a las concesiones viales y de aguas». Finalmente se completará el requerimiento oficial con los informes sobre energía eléctrica, gas y telecomunicaciones.

En lo que se refiere al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, a cargo de Trenes de Buenos Aires, Ferrovías, Metrovías y Transportes Metropolitanos Roca, San Martín y Belgrano Sur y San Martín, la Auditoría señaló que el incumplimiento de las inversiones abarca «las vías, estaciones, inmuebles, y material rodante, utilizándose respecto de éste último, metodologías contrarias a lo que establecen las normas técnicas».

Indicó además los siguientes aspectos:

• Pese a ser obligatorias, las pólizas correspondientes a los diversos seguros, ya se encontraban vencidas en 2002.

• Se hizo «escaso uso» de las sanciones por incumplimientos contractuales, y en los casos en que se ejerció esa facultad, «los procesos de tramitación presentan excesivas demoras, evidenciándose una actitud dilatoria permanente vía recursos administrativos de parte de los concesionarios, como también una ineficiente actitud del órgano de control».

• Se ha afectado la calidad del servicio y deteriorado la seguridad del sistema, generando un perjuicio a los usuarios y al Estado, en la hipótesis de que éste deba reasumir la prestación de los servicios.

• La seguridad pública se vio «notoriamente» afectada por la escasa presencia de personal de organismos de seguridad.

Si bien la Auditoría indicó que el Estado no canceló los subsidios íntegramente o en el plazo contractual, también advirtió que en las concesiones se verificó «aumento del nivel de endeudamiento y pérdida de solvencia», y «pagos de honorarios por asesoramiento técnico a los accionistas, superiores a la utilidad neta de impuestos, lo que importa un ingreso libre de riesgos para ellos».

También la Auditoría advierte sobre los sistemas de selección de contratistas y proveedores que no cumplen con principios básicos de transparencia, y que «las inversiones son ejecutadas por el concesionario y solventadas con fondos provenientes del Tesoro nacional o de la tarifa que paga el usuario».

En el servicio ferroviario de cargas, la Auditoría también señaló «incumplimiento generalizado de las inversiones comprometidas y falta de ejecución de las obras de mantenimiento» en lo relacionado a vías, comunicaciones, señalamiento, infraestructura y material rodante. También manifestó «alto grado de incumplimiento en el pago del canon».

Uno de los informes particulares más lapidarios se refiere a Transportes Metropolitanos General Roca (interurbano de pasajeros). Según la Auditoría, se observa «un deterioro constante de la situación de la empresa, una expansión elevada del endeudamiento y una pérdida de solvencia, debido a una deficiente gestión económico-financiera que genera dudas fundadas sobre la viabilidad futura de la misma».