Néstor Kirchner definirá en los próximos días si hace efectiva la caída de la doble indemnización lanzada en la gestión de Eduardo Duhalde. Este régimen, pese a que la economía se recuperó fuertemente, sigue vigente, aunque con un mayor costo para indemnizaciones de 50%. Hay un vacío legal, ya que si bien el sistema debería caer de manera automática, para que ocurra tendría que surgir un decreto del Ministerio de Trabajo.
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La intención oficial sería estudiar más la situación planteada y ver si se la puede transformar en una herramienta de negociación en las discusiones por las convenciones colectivas de trabajo que más de 500 gremios y representantes de empresas están ya debatiendo. Eliminar el régimen sería un gesto del gobierno y sindicatos a las empresas a cambio de incrementos salariales cercanos a 20%. «Sería un objeto de presión», afirmaba ayer a este diario una fuente de Casa de Gobierno.
Paralelamente, el gobierno esperaría a ver el dato del desempleo en el primer trimestre del año que siempre muestra un alza por cuestiones estacionales. Hasta podría superar 10% eventualmente o serviría de excusa para demorar la decisión final.
Aclaración
En su momento, el ministro Carlos Tomada, quien ayer no fue consultado por Kirchner sobre el tema (con lo que la decisión se tomaría sin su intervención), había dicho el año pasado durante un almuerzo en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que «la doble indemnización se cae si el índice llega a un dígito», ya que «hay un decreto firmado que dice muy claramente qué es lo que va a pasar cuando esto ocurra».
Sin embargo, la misma fuente realizaba ayer una aclaración: la vigencia del Decreto 823/04, donde se menciona la caída automática de la doble indemnización, «tranquilamente puede cambiarse por otro decreto que imponga una nueva prórroga». Esta teoría oficial chocacontra una realidad constitucional: la caída del régimen se decidió a través de una ley, la 25.972 de noviembre de 2004, con lo que para prorrogar o cambiar el beneficio se debería realizar desde el Congreso.
El régimen de doble indemnización, que en teoría habría terminado de tener vigencia ayer con el desempleo en 8,7%, fue creado como uno de los capítulos laborales dentro de la Ley de Emergencia Económica de enero de 2002. En su origen, el recargo era de 100% sobre indemnizaciones. A partir de enero de 2003, el beneficio dejó de tener vigencia para el personal ingresado desde ese día y que implique un incremento de la nómina de personal. Para quienes hubieran ingresado hasta el 31 de diciembre de 2002 o en fecha posterior, pero sin aumentar la nómina, el incremento de la indemnización se redujo a 80%. Desde enero de 2005, bajo las mismas condiciones, disminuyó a 50%.
El problema que encuentran abogados laboralistas es una aparente contradicción en el Decreto 823/04, donde se reglamenta por primera vez la forma en que se debería implementar este cambio, y que sigue al mandato de la Ley 25.972 donde se mencionan la forma y el momento en que terminará el régimen, pero sin aclarar cómo se reglamentará esta medida.
En el artículo 3 de este decreto, se menciona específicamente que «cuando la tasa de desocupación resulte inferior a 10%, quedará sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido», en relación con el régimen de la doble indemnización. Sin embargo, el artículo 4 de la misma norma menciona que «el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el presente decreto, dictará los actos que declaren la concurrencia del extremo fijado en el artículo 3° del presente decreto». Según aclara el abogado del Rodolfo Aníbal González, si Trabajo no dicta una resolución aclaratoria, «se crearán discusiones judiciales» a partir de la «polémica interpretativa».
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