Trascendió anoche que el gobierno estaba en un aprieto: tiene demorada la reglamentación de las obras sociales y, lo que es peor, al FMI le han comenzado a molestar la negociación y las concesiones que se le podrían hacer al sindicalismo. Más: está claro que si el gobierno de De la Rúa no afecta real-mente la «caja» gremial de las obras sociales, difícilmente se conceda la habilitación del famoso blindaje.
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Hoy, para más datos, no se puede anunciar el acuerdo por las presiones del FMI. Lo preocupante es que ayer Machinea descontaba la aprobación del Fondo y aseguraba que apenas llegue el blindaje empieza a gastarlo. Anticipó que usará 2.000 millones de dólares en los primeros días de enero, cuando el directorio del organismo apruebe el crédito.
La administración se angustiaba anoche porque algunos sectores del oficialismo manifiestan preocupación por las amenazas de marchas y huelgas que han insinuado las variopintas CGT del país. El problema ya no es de los gobernadores opositores ni de la parálisis legislativa con la que hasta ahora se excusó Economía, sino del propio Poder Ejecutivo.
Debe decidir De la Rúa, con cierta rapidez y de acuerdo a lo que le prometió al FMI: mientras se demore, el blindaje se posterga. Grave porque el sindicalismo puede volver a atrasar al país.