• Que la ley debería contar no sólo con metas sino también con penalidades. Y que esas penalidades deberían aplicarse no sólo a los estados adheridos sino también a los funcionarios administradores.
• Que los castigos previstos en el texto aprobado por el Congreso son laxos. Hasta se burla de Economía al decir que se amenaza con publicar la información de los estados incumplidores, cuando esa información es de carácter público.
• Que la metodología para fijar límites al endeudamientoes poco clara no sólo en el caso de las provincias sino también en el de la Nación.
• Que no se tomó en cuenta una sugerencia del propio gobierno salteño para que se determine qué tipo de deudas podían estar financiadas con fondos de la Nación y cuáles no, para evitar salvatajes indiscriminados.
• Que no se fijaron premios y castigos que estimulen la mejor recaudación provincial y el mejor aprovechamiento de los recursos.
• Que no se tuvo en cuenta un cronograma, sugerido también por el propio Romero, para que se compensen las deudas entre Nación y provincias con fechas ciertas.
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