La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una sesión extraordinaria de su consejo permanente este lunes. Será para considerar la solicitud argentina de reunir a los ministros de Exteriores el jueves en Washington con el fin de analizar la reestructuración de la deuda y los litigios de los fondos buitre.
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La sesión tendrá lugar a las 10 (11 en Argentina), en el Salón Libertador Simón Bolívar, de la sede central que la OEA posee en la capital de EEUU.
El organismo aseguró en un comunicado divulgado a través de su página web que el canciller, Héctor Timerman, y el titular de Economía, Axel Kicillof, informarán aspectos de reestructuración de la deuda si se convoca a los titulares de Exteriores de la región el jueves en Washington.
El Tribunal Supremo de EEUU desestimó este mes revisar un fallo que ordenó al Gobierno a pagar u$s 1.330 millones a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001. El Ejecutivo asegura que el pago que exigen los buitres obligaría al país a suspender pagos, especialmente sí acarrea el pago equitativo a quienes aceptaron la reestructuración de bonos, que podrían reclamar al país u$s 124.000 millones, cifra inabordable para las reservas del BCRA.
La deuda que se contrajo con los fondos buitre se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el "corralito". Desde entonces, el Gobierno ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron un 93% de los acreedores, quedando este 7%, los "buitres", que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100% de pago.
El juez federal estadounidense Thomas Griesa dictó un fallo a favor de los fondos buitre que reclaman a Argentina el pago íntegro de su deuda y rechazó el jueves la solicitud de ese país de suspender la medida que la obligaba a pagar a los demandantes para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.
Además, Griesa consideró "ilegal" el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados, a lo que el Gobierno argentino replicó que la decisión es "insólita" e "inédita" y constituye un "abuso de autoridad".
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