Ordena la Justicia informar cómo se mide la inflación

Ana María Edwin

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al ministro de Economía, Carlos Fernández, brindar todos los detalles sobre las modificaciones que se hicieron en este último tiempo al método que tiene el INDEC -que dirige Ana María Edwin- para medir el índice de precios al consumidor (IPC).

En una causa que había sido impulsada en julio del año pasado desde la Asociación de Derechos Civiles (ADC) por supuestas irregularidades en el manejo del IPC, y sobre la base de la ley de transparencia que exige que los organismos públicosinformen verazmente a la sociedad, los camaristas decidieron darle un plazo de diez días a la cartera de Economía para que le entreguen la documentación necesaria.

El pedido de información del ADC se había realizado con el objeto de conocer el real índice de pobreza, pero nunca llegó a buen puerto. En definitiva, lo solicitado se debió según la organización defensora de los derechos civiles, «por falta de acceso a la información pública».

Ante el silencio oficial, la asociación interpuso en agosto de 2007 una acción de amparo que fue resuelta a favor de garantizar el acceso a la información pública en mayo pasado.

Fue la jueza Claudia Rodríguez Vidal quien actuó en primera instancia y ordenó en ese sentido tener la información solicitada.

Respuesta

En ese momento, el INDEC respondió ante la derrota judicial, aunque sólo se limitó a mencionar la metodología utilizada para calcular el IPC, sin especificar las modificaciones efectuadas y las razones para haberlas introducido.

Tras las pocas ganas del Ministerio de Hacienda de dar a conocer las modificaciones específicas, la asociación demandante consideró la información insuficiente e interpuso una nueva medida ante la jueza Rodríguez Vidal, quien ratificó «que la información gubernamental era inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana».

Es allí cuando el gobierno nacional presentó la apelación ante la Cámara, que coincidió nuevamente con el modelo hermético que se presenta a la sociedad desde el instituto que aún sigue manejando el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

La decisión judicial se produjo previamente a dictar sentencia en segunda instancia, y con el objeto de contar con más elementos a la hora de resolver.

Se estima sin embargo que ante las recientes jubilaciones de camaristas, que se registraron en el fuero contencioso, sumado a los pedidos de licencias por enfermedad, la postura final de la Cámara «puede tardar mucho tiempo», según allegados a esa instancia.