Otra reforma previsional amenaza dividir gabinete

Marcos Makón y Patricia Bullrich

El gobierno dedicará la reunión del gabinete de mañana para despachar las últimas disidencias en torno a la gran caja pendiente de reformas, el sistema que administra las jubilaciones y las pensiones (Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS-y la Secretaría de Seguridad Social).

El orden del día que anoche acordaron Chrystian Colombo (responsable burocrático de estas reuniones que coordina el Presidente) y Patricia Bullrich prevé dos exposiciones que no están llamadas a ser coincidentes ni concordantes. Más bien será la semilla de una polémica entre los ministros.

Por un lado, expondrán la ministra de Trabajo y el interventor en la ANSeS, el abogado y ex oficial penitenciario Douglas Lyall, la minuta con el programa de reforma pendientes. Ese plan tiene cuatro frentes de batalla, a saber: 1) lucha contra los juicios al Estado; 2) la reforma administrativa de la ANSeS; 3) las relaciones con las provincias, y 4) lucha contra el fraude y reforma del sistema de pago de las asignaciones familiares.

Necesidad

Por el otro, el secretario para la Reforma del Estado, Marcos Makón, planteará la necesidad de que la ANSeS firme con la Jefatura de Gabinete el llamado acuerdo-programa que ya rubricó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se trata de un protocolo tipo que redunda en una virtual intervención de la Jefatura de Gabinete -en este caso a través de Makón y del vicejefe, Armando Caro Figueroa-sobre cómo se hará la reforma administrativa del punto 3). Aquí un detalle:

La pieza angular del programa que expondrá Bullrich ante el gabinete arranca con el postergado relanzamiento del proyecto de ley para frenar los juicios que enfrenta el Estado de jubilados y pensionados que reclaman un reajuste del haber.

Esta norma, postergada tras varios anuncios, propone un plazo límite para que un jubilado apele el cálculo del haber inicial. Pasado ese momento no podrán iniciarse causas judiciales. La mayoría de los expedientes que están iniciados hoy contra el sistema previsional se basa en ese expediente que, según las autoridades de la ANSeS, cuenta con la tolerancia de empleados infieles que calculan mal a propósito el haber inicial. Esa tolerancia se beneficia de la complicidad de organizaciones de abogados y, presuntamente, de algunos magistrados que sentencian contra el Estado de manera sistemática.

Dentro de este rubro de lucha contra la litigiosidad del sistema se estudia un audaz proyecto de cancelar hacia atrás las jubilaciones de privilegio. El argumento que se piensa usar para eludir los reproches de inconstitucionalidad de una ley retroactiva es que muchas de las jubilaciones «de privilegio» (es decir, sin los años o la edad de los regímenes regulares) implicaron una irregularidad que debe ser remediada.

Un segundo rubro de reformas lo constituyen los recortes en el abultado gasto del sistema en cargos directivos y gerencias. La propuesta es que se cubran con expertos previsionales venidos de la actividad privada. En este renglón es donde pretende meter baza Makón con sus acuerdosprograma. El sistema lo imaginó Makón también para que lo firmen las provincias y funciona como una suerte de «convertibilidad burocrática» para comprometer a estados y reparticiones públicas en cambios y reforma condicionados a un mecanismo de premios y castigos. Por caso, premia a las reparticiones (en este caso la ANSeS) que recorten los gastos del presupuesto que tienen asignados nada menos que con aumento proporcional de los salarios de los autores de esos cortes.

Otro mecanismo propuesto por estos acuerdos-programa es hacer ingresar nuevos empleados y funcionarios mediante contratos por tiempo determinado, sin ninguna de las cláusulas de estabilidad de los estatutos de los empleados públicos. La renovación de los compromisos y el salario a pagar estarían condicionados a su vez por la productividad de cada designado. Estas cláusulas, que el gobierno le impondrá a la ANSeS y sucesivamente a otras reparticiones y organismos del Estado concesionan el control de los ingresos, bajas, premios, castigos, controles y auditorías sobre las reformas a la Jefatura de Gabinete. En otras palabras, la oficina de Douglas Lyall deberá confiar, para las reforma que promete en la ANSeS, en los dictámenes de Makón y de sus jefes, Colombo y Caro Figueroa. La ya resbaladiza convivencia de los funcionarios de nuevo a examen a partir de este enigma: ¿tolerarán Bullrich-Lyall que Makón & Co. les hagan un sistemático seguimiento de sus reformas?

En cuanto a las relaciones con las provincias, la reforma prevé la eliminación de todas las reparticiones que entienden en la materia a nivel de cada Estado que cedió la caja previsional para que la ANSeS sea la autoridad única. La revisión de los presuntos fraudes en concesión de retiros en varias provincias (el caso más conocido es el de La Rioja) parece indicar que la existencia de esas oficinas provinciales dificulta las investigaciones. Una reforma complementaria es limitar las funciones de la ANSeS a la recaudación y pago de jubilaciones y pensiones y trasladar todas las demás atribuciones y funciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social.

En cuanto a la lucha contra el fraude, las reformas que se presentarán se concentran en una auditoría general sobre todas las jubilaciones y pensiones concedidas por el sistema nacional que debe terminar en diciembre de 2002. El cálculo preliminar del gobierno es que 10% de las jubilaciones que se pagan fue concedido de manera irregular, es decir, sin cumplir los requisitos legales y fraguando documentación. Esas pasividades serán derogadas si se prueba ese carácter irregular. Incluye también la reforma del pago de las asignaciones familiares (pagos por familiares a cargo, embarazo, etc.) para evitar que el Tesoro deba pagar por trabajadores fantasma de empresas inexistentes inscriptas en el sistema con la complicidad de empleados infieles. La solución, presume el gobierno, vendrá de la bancarización total del pago de sueldos, que impedirá que se paguen asignaciones por parte del Estado sin que los empleadores hayan depositado las cargas patronales correspondientes. ¿A quién se le ocurrirá inventar en ese caso -presumen en el gobierno-una empresa fantasma?