• La insistencia en la sanción original de la Ley 25.471 de 2001 que establecía, entre otros puntos, una indemnización por parte del Estado a todos los ex empleados de YPF a quienes les hubiera correspondido el programa de propiedad participada y que fuera anulado. Además, esa norma reconocía el derecho de acceder al beneficio de la indemnización a todos los trabajadores que hubiesen estado en relación de dependencia con la ex empresa estatal YPF «hasta el 1 de enero de 1991». La ley alcanza a 22 mil ex agentes de YPF y las indemnizaciones podrían ser superiores a $ 1.200 millones, lo que habla por sí mismo de la imposibilidad estatal de pagarlas.
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• Se aprobó también un proyecto de ley que veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de que establezca regímenes de regularización de deudas tributarias «que impliquen la eximición total o parcial» de esas deudas. La ley aprobada por Diputados -que deberá pasar al Senado-establece que la medida alcanza moratorias que impliquen eximición total o parcial «del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP».
• La Cámara baja también aprobó un proyecto para castigar los delitos informáticos que reprime con «pena de prisión de quince días a seis meses... el que ilegítimamente y a sabiendas accediera por cualquier medio a un sistema o dato informático, sin que medie autorización del propietario o excediéndose de los límites de la autorización conferida».
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