Otro regalo para los gremios: $ 200 millones

La política argentina puede pasar de la pasión por el mercado al estatismo y la intervención; de la alianza con Estados Unidos a la votación a favor de Hugo Chávez en el Consejo de Seguridad de la ONU; del indulto al abrazo con Hebe de Bonafini. Sin embargo, hay actores y prácticas que resisten como el mármol el paso del tiempo: los sindicalistas y sus manipulaciones con los fondos de la salud son un ejemplo. Las oficinas del Estado encargadas de regular el sistema de obras sociales son dos: la Superintendencia de Salud, que es un organismo de control, y la Administración de Programas Especiales, donde se distribuyen subsidios entre las entidades gremiales. Los titulares de ambas oficinas vienen protagonizando un conflicto desde hace meses. Son Juan Rinaldi (APE), un abogado designado directamente por Hugo Moyano, y Héctor Capaccioli, que responde a Alberto Fernández. En los últimos días, Capaccioli tejió una alianza con sindicatos enojados por el monopolio que ejerce el camionero sobre «su caja». Ahora se dispone a reducir la APE a una mera dirección, repartiendo sus fondos acumulados entre las distintas obras sociales. Son $ 200 millones. Claro, para acceder a este dinero, habrá que imaginar algunas prestaciones más o menos verosímiles. Es lo que hacen ahora los sindicalistas, asesorados por un hombre que ya brindó estos servicios con Carlos Menem y Eduardo Duhalde: el médico Néstor Vázquez (fue gerente de la Superintendencia con el riojano), quien todavía no ejerce ningún cargo, pero ya decide el destino de los fondos destinados a la salud a través de los sindicatos. Nada cambia.

Hugo Moyano

De puro angurriento, acaso Hugo Moyano termine por perder una de las posiciones que conquistó dentro del Estado. También una de las que más aprecia. Juan Rinaldi, el interventor en la Administración de Programas Especiales (APE) podría ver reducida su dignidad a la de un mero subsecretario o gerente. La APE es una oficina descentralizada a través de la cual se distribuyen los subsidios entre las obras sociales sindicales. Es, para el lenguaje vulgar del sector, «la caja». Allí el camionero ubicó a uno de los abogados de su sindicato, Rinaldi. El compromiso de incorporar, más tarde, a otra liga de sindicatos en una especie de directorio compartido, quedó en la nada.

Los sindicalistas que tenían alguna expectativa en esta promesa comenzaron a conspirar al ver que no les cumplían. Su malhumor coincidía con el deseo de otro actor importante de esta escena: Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud. La Superintendencia (vulgo: «la súper») es la oficina desde donde se regula y controla el entramado de entidades sindicales dedicadas al negocio sanitario.

Capaccioli y Rinaldi comenzaron sacándose chispas. El superintendente es un hombre de Alberto Fernández en el sector. Sea por la interna feroz de Fernández con Julio De Vido, sea por un genuino interés de acotar a Moyano (aliado de De Vido, claro), Capaccioli comenzó a diseñar otro organigrama en el que «la caja» quedaría subsumida dentro de «la súper». La gravitación de Rinaldi tendería a cero.

Por suerte un experto en negociaciones como el laboralista Enrique Rodríguez (ya lo conocen como «14.250», número que caracteriza a la Ley de Negociación Colectiva) reunió y trató de hacer congeniar a los dos funcionarios en conflicto. Lo consiguió por un tiempo. Hasta que Capaccioli tomó concienciade que no estaba solo en su lucha y que un conjunto de gremialistas despechados estaba dispuesto a cobrarse a través de él lo que Moyano les había retaceado en el reparto de poder dentro de «la caja».

Aceleración

La confluencia entre estos jefes de sindicato y Capaccioli se aceleró por la aparición de un experto en el área, Néstor Vázquez. Se trata de un médico que ya prestó su imaginación al negocio sindical en tiempos de Carlos Menem, cuando «la súper» estaba en manos de José Luis Lingieri (el mismo Lingieri que hoy controla AySA, la Aguas Argentinas estatizada). Pero Lingieri y Vázquez terminaron peleados por razones que no viene al caso enumerar en esta nota. Ninguna tiene que ver con cuestiones de doctrina, claro. Después de poner sus conocimientos al servicio del menemismo, Vázquez tuvo un vuelo rasante por la Legislatura bonaerense y aterrizó en el duhaldismo. Ahora ha sido exhumado por sus vínculos con Capaccioli.

A esta altura el lector querrá saber qué rol institucional ocupa este médico al que todas las administraciones, noventistas o setentistas, quieren tener en «la caja». Ninguno. Vázquez es, hasta ahora, un voluntarioso que colabora para que sindicalistas y funcionarios alcancen acuerdos como el que, en un nuevo «pacto negro», se está tejiendo en estas horas. El entendimiento es sencillo. Los sindicalistas admitirían que se rebaje a nivel de Dirección la APE, degradando a Rinaldi, el hombre de Moyano, que quedaría subordinado a Capaccioli.

A cambio, se distribuiría entre las obras sociales un fondo acumulado por la AFIP -la encargada de recaudar los aportes de los afiliados- pero nunca imputado a cada entidad sanitaria por dificultades administrativas. Al cabo de los años ese fondo acumuló cerca de 200 millones de pesos. Esta suma se les ofrecerá a los gremios para que se la distribuyan entre todos. Aquí vuelve el genio de Vázquez: para tener acceso a ese pago habrá que presentar algún plan de alta complejidad con nuevas prestaciones para los afiliados. En general, de esas prestaciones se encarga un conjunto de droguerías, farmacias e infectólogos rigurosamente seleccionadas por quienes han imaginado el método. Si no fuera por estas empresas que «certifican» las «prestaciones», este reparto de dinero sería, sencillamente, un robo. Ahora tal vez lo sea pero, por lo menos, queda administrativamente disimulado. Sobre todo porque muchas obras sociales presentan padrones de beneficiarios en los que la desocupación laboral no ha hecho mella. Por algo cuando Rinaldi llegó a la APE y quiso ajustar las clavijas de los sindicalistas que no le responden a Moyano los amenazó con una auditoría sobre toda la documentación con la que justifican los subsidios que reciben. Hecha la advertencia, la diferencia entre «gordos» y «flacos», tan decisiva en la CGT, quedó anulada en «la caja». Como es de imaginar, todo el proceso generará algún conflicto entre Moyano y quienes quieren arrebatarle posiciones. Salvo que el camionero se descubra capaz de justificar más «prestaciones» que el resto. Para eso está Vázquez quien, en una especie de segunda luna de miel, decidió pasar el fin de semana en Mar del Plata: la tierra del camionero.