PARA EVITAR CONFLICTOS, LA ALIANZA PIDE QUE MEDIDAS SALGAN POR DECRETO

Los diputados de la Alianza ya acordaron con el gobierno que se sancione por decreto de necesidad y urgencia la mayor cantidad de temas conflictivos contenidos en los anuncios del viernes pasado para poder acelerar la votación de las medidas que obligatoriamente deben pasar por el Congreso. Por eso ayer el Ejecutivo ya tenía redactado el decreto que establece la reforma del sistema previsional, que elimina la PBU y deroga a futuro el régimen de reparto estatal. Este punto no pasará por el Congreso, lo rechazan aliancistas y peronistas, como tampoco fue aceptada una reforma mas moderada que el gobierno envió a principios de año a Diputados y que fue inmediatamente cajoneada. En aquel momento ningún diputado estuvo dispuesto a aprobar una rebaja en la Prestación Básica Universal y mucho menos lo harían ahora con su eliminación lisa y llana, aunque a cambio se garantice una jubilación mínima. También correría la misma suerte la elevación de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años. Para muestra de la reticencia que puede haber en el Congreso, basta recordar que Domingo Cavallo no consiguió esa medida cuando en Diputados sólo 11 mujeres tenían banca por lo que el cuerpo se quedó sin quórum. Ahora hay 70 mujeres diputados.
Informe
Mañana a las 10 todo el bloque de la Alianza se reunirá en la residencia de Olivos con el equipo económico para recibir un informe completo sobre el alcance el paquete económico y, al mismo tiempo, definir una agenda de los puntos que necesariamente deben ser sancionados por ley:
Para comenzar, el Congreso deberá ratificar por ley el nuevo pacto fiscal federal entre la Nación y las provincias, una vez que éste sea negociado y firmado con los gobernadores para permitir un congelamiento por cinco años de la suma fija que gira la Nación por coparticipación. En este caso no hay forma de eludir al Parlamento ya que dentro del compromiso fiscal original esta incluida, por ejemplo, la prórroga de la vigencia del Impuesto a las Ganancias, que esta ratificada hasta diciembre de 2001, pero que ahora podría volver a discutirse si se prorroga ese compromiso firmado en diciembre del año pasado.
Es claro que si las provincias aceptan el acuerdo, sus diputados no deberían poner reparos en la votación, pero en el Senado con seguridad habrá rispideces.
De todas formas, antes de haberlo negociado, ya surgen algunas protestas: «Esto hace falta que lo traten los gobernadores y las legislaturas provinciales. Acá existe una situación que avanza sobre la propia Constitución. La Ley de Coparticipación Federal dice como se distribuyen las rentas, pero no como hay que gastarlas. Cuando se dice que hay que congelar el gasto primario aparecen los primeros problemas. Hay gastos que suben por crecimiento vegetativo, por ejemplo los jubilados o el plan federal de educación. Casi todo los estatutos de empleados provinciales y municipales establecen la promoción automática: la planilla de sueldos crece sola aunque no ingrese ningún trabajador», decía ayer el peronista santafesino Oscar Lamberto, representante de una de las provincias que mira con más recelo la prórroga del compromiso.
También debe ser aprobada por el Congreso la posibilidad de deducir del pago del Impuesto a las Ganancias las cuotas de créditos hipotecarios tomados sobre viviendas nuevas hasta un monto de $ 4.000 anuales. Al ser una desgravación impositiva, debe modificarse la ley del tributo y eso no puede realizarse por un decreto de necesidad y urgencia.
No habría inconvenientes en la promesa de Fernando de la Rúa para eliminar el Impuesto a los Intereses Pagados por las empresas sobre los créditos tomados. Ya esta aprobado en Diputados el proyecto que reduce ese tributo de 15% gradualmente en 5 puntos a partir del 1 de enero de 2001 y otros dos puntos desde julio del año próximo. Para cumplir con el anuncio presidencial el Poder Ejecutivo contará con la facultad de suspender transitoriamente la totalidad del impuesto, cuando la situación económica así lo amerite. Por lo tanto no habría que tocar una letra del proyecto que espera la aprobación final en el Senado.
De todas formas, el PJ del Senado se declaró ayer «confuso» frente a esta situación: «Nosotros tenemos el proyecto listo para aprobarlo esta semana, pero con los nuevos anuncios de eliminación no sabemos qué hacer» dijo ayer el jefe del bloque PJ, José Luis Gioja.
Pero sin duda el punto más discutido será el presupuesto nacional para el 2001. Por lo pronto ayer el radical Horacio Pernasetti aclaró que el proyecto no volverá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para introducirle las modificaciones anunciadas. «Ahora viene una modificación del presupuesto y al mismo tiempo de la ley de solvencia fiscal. Pero el presupuesto no vuelve a comisión, los cambios se introducen en el recinto», dijo. Otro radical, el cordobés Mario Negri, dio una pauta del cronograma de votaciones: «Todo el paquete entero va la semana que viene al recinto: no podemos sancionar el presupuesto sin modificar la ley de solvencia fiscal», dijo, recordando que esa norma permite un déficit para el año próximo de $ 4.100 millones, algo que ya es historia.
Déficit
Por eso como tarea extra, los diputados tendrán por delante: adecuar el proyecto de presupuesto a la nueva proyección de crecimiento de la economía para el próximo año que se reduce a 2,5%. Eso implica una caída de la recaudación de casi $ 2.000 millones, lo que se traduce, por lo tanto, en un mayor déficit que el gobierno reconoce en $ 6.400 millones. Todo ese cálculo deberá incluirse en los números del año próximo junto con todas las modificaciones que llegarán a partir de ahora desde la negociación que el gobierno mantiene con los gobernadores, sin contar todos los puntos que quedaron pendientes de discusión cuando el viernes pasado el oficialismo apuró la firma del dictamen para mostrarlo como una señal de fortaleza a los mercados.
Esta premura, originó una de las críticas de los gobernadores a De la Rúa: «Entiéndanme que era para ganar tiempo y dar una señal positiva», les dijo el Presidente.