Para Pignanelli, la solución es un bono

Los jueces de la Corte debatieron ayer informalmente sobre las consecuencias del fallo que se espera contra la pesificación. Sin embargo, comienza a formarse un criterio acerca de la necesidad de instrumentar una modalidad que no provoque un «crack» financiero. La decisión pasaría por darles el tiempo necesario a los bancos para que devuelvan los plazos fijos retenidos, por lo que se cree que se respaldará jurídicamente la posible decisión del gobierno y del Congreso de instrumentar un bono dolarizado. Nuevamente, ayer, hombres del presidente Eduardo Duhalde fatigaron los teléfonos de la Corte para transmitir las preocupaciones del gobierno. Justamente, la emisión de un nuevo bono en dólares a largo plazo fue la que más aceptación tuvo entre economistas y funcionarios como respuesta a la posible despesificación de los depósitos. Aldo Pignanelli, titular del BCRA, aseguró que si la Corte obligara a devolver en forma inmediata los fondos en moneda extranjera, sería «sinónimo de hiperinflación». Y se volcó por la alternativa de entregar BODEN a diez años.

«La emisión de un bono a largo plazo sería la solución más lógica.» Según el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, ese debería ser el mecanismo a adoptar cuando la Corte defina la redolarización de los depósitos. Y no dejó margen para otras alternativas, al asegurar que si la Justicia ordena devolver los dólares de inmediato «sería sinónimo de hiperinflación».

Pignanelli recalcó que si se obliga a los bancos a devolver en forma inmediata la totalidad de los depósitos originalmente realizados en dólares la situación se tornaría inmanejable: «O emitimos 80.000 millones de pesos o cerramos todos los bancos», graficó.

De esta forma, desde la autoridad monetaria se mostraron claramente partidarios a una salida a través de un nuevo plan BODEN. «La experiencia demuestra que el plazo necesario para reencauzar una cuestión como éstas es de diez años, aunque podría ser menor.»

• Proyecciones

El presidente del BCRA participó de una reunión en el Senado, donde acudió a presentar el programa monetario, y fue interrogado por los legisladores respecto a las consecuencias que tendría el fallo de la Corte en el sistema. La respuesta que compartió con el economista jefe de la institución, Alejandro Henke, quien lo acompañó a la reunión, es que esta definición también puede modificar sustancialmente las proyecciones monetarias elaboradas para el año 2003.

El BONEX 89, título emitido para devolver los ahorros del público, fue a diez años, aunque devolvía capital desde el primer año. Por lo tanto, el plazo promedio del título apenas superaba los cinco años.

Los BODEN, emitidos en el marco de la actual crisis bancaria, también salieron a diez años para el grueso de los ahorristas que desean recuperar dólares (aunque también hubo una serie a tres años para casos especiales).

Desde el Ministerio de Economía también siguieron con preocupación el posible fallo y se mantuvieron en contacto permanente con el titular de la cartera, Roberto Lavagna, de gira por Europa. «Estamos casi seguros de que la medida saldrá sólo para los depósitos y no incluirá a los créditos», explicó un alto funcionario.

En el Palacio de Hacienda aseguraron que esta situación «bajo ningún punto de vista» hará retroceder la decisión de liberar el «corralito». Pero reconocen que otra podría haber sido la historia si se hubiera conocido el fallo en las últimas semanas.

En cambio, quedaría mucho más lejana la posibilidad de tomar nuevas medidas monetarias, como la liberación de un nuevo tramo de depósitos reprogramados (CEDRO). Una de las ideas que se barajan en Hacienda es liberar hasta $ 20.000 más CER del «corralón» para fin de año, siempre y cuando la liberación del «corralito» no produzca presión sobre el dólar.

• Incógnitas

Pero si la Justicia da marcha atrás con la pesificación este tipo de acciones tendría poco sentido. Todo se resolverá una vez que se conozca efectivamente la decisión de la Corte.

Las incógnitas sobre el fallo todavía son muchas. Pero la principal es determinar si se aplicará o no en forma retroactiva. En ese sentido, se podría disponer el derecho a redolarizar sólo para los ahorristas que conservan depósitos reprogramados (CEDRO) o si se aplicará sobre todos los ahorros originalmente realizados en moneda extranjera, que luego fueron pesificados a $ 1,40. En el primer caso, el costo sería de unos 12.000 millones de dólares. Pero si se da lo segundo superaría los 50.000 millones de dólares.