Los senadores peronistas dejaron anoche listo el proyecto de derogación y modificación de la reforma laboral para sancionarlo hoy en el recinto. Las discusiones de última hora en la bancada PJ giraron sólo en torno del poder de policía laboral, que Kirchner les quita a las provincias para dejarlo en la Nación. Nadie discutió -los pocos que se oponían a la ley quedaron tapados por la mayoría-los aumentos de costos para las empresas por cambios en indemnizaciones, ni acortar el período de prueba. Mucho menos que vuelva a regir la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La preocupación de los senadores sólo se fijó en los controles laborales y en participar dentro de un año, cuando el Ejecutivo tenga que decidir si prorroga o no la rebaja de aportes patronales para empresas pequeñas. Poco es el aporte que hará el gobierno para incentivar el empleo si sólo promueve puestos de trabajo reduciendo aportes por un año -única medida positiva de la ley- mientras endurece las condiciones de contratación para las empresas e incrementa costos. Menos cuando se demora la negociación de la deuda en default y, por lo tanto, el ingreso de capitales. Los legisladores sólo parecían anoche apurados por derogar cuanto antes la reforma laboral de Fernando de la Rúa, obsesionados por lavar culpas ante la sociedad por los supuestos sobornos. Aunque muchos de los presentes apoyaron en su momento esa norma del radicalismo. En Diputados se espera también una rápida sanción la semana próxima.
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Los justicialistas se encerraron para dar el visto bueno final a la iniciativa en medio de otras discusiones, como el pedido de Carlos Reutemann para que el gobierno aclare el envío de $ 500 millones de ayuda para los inundados de Santa Fe. Hoy por la mañana comenzará la sesión para aprobar la ley laboral ratificando el apuro que tienen los legisladores para pasar el tema a la otra cámara. En Diputados esperarán hasta la semana próxima para convertir en ley la derogación.
A última hora de la víspera continuaba la reunión de senadores con discusiones sobre el proyecto. Pero la suerte de la reforma ya estaba echada.
Entre los puntos más discutidos siguió figurando la cesión del poder de policía laboral de las provincias a la Nación. Aunqueel gobierno flexibilizó su posición, manteniendo en las provincias cierto grado de control, lo cierto es que el proyecto que se votará hoy modifica lo hecho por Raúl Alfonsín, cuando transfirió esas facultades a los gobernadores.
. El grueso de los miembros del bloque oficialista observó con beneplácito que se diera vista al Consejo Federal, como paso previo a la intervención nacional. Sin embargo, los más críticos seguían plantados en modificar el artículo 30. La fueguina Mabel Caparrós y el sanluiseño Raúl Ochoa encabezaron un lote considerable de objetores a la redacción del Ejecutivo. Este cuadro hace prever para esta tarde una puja en las propias bancas, de manera tal de sacar la ley, tal cual reclama la Casa Rosada.
. El gobierno incrementó la participación del Congreso en una eventual prórroga de la reducción de aportes patronales. La norma fija una rebaja de los impuestos al trabajo para las empresas de hasta 80 empleados. Esa reducción será de 33% en todos los casos, pero se incrementará a 50% en el caso de contratarse a beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Todos esos beneficios tienen una vigencia de un año.
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