Pese al acuerdo político es ahora la UE la que pone trabas a la ayuda a Grecia
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A la reunión en Bruselas también acudió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien celebró las "señales alentadoras" provenientes de Grecia, pero también advirtió que "queda mucho por hacer".No obstante, "es una buena manera de empezar la noche", añadió.
A su llegada a Bruselas, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, exhortó a sus socios a dar "su aval" al pacto anunciado e incluso garantizó que su gobierno alcanzó un acuerdo "sobre los principales parámetros" exigidos por los acreedores privados de Atenas.
Atenas negociaba además con sus acreedores privados (bancos y fondos de inversiones), una quita de 100.000 millones de euros del total de su deuda, que se eleva a unos 360.000 millones de euros. La idea es reducir la colosal deuda de Grecia de 160% de su PIB a un 120% hacia 2020, un nivel considerado más sostenible. Sin embargo, el ministro alemán dijo que este acuerdo tampoco fue del completo agrado de la UE y del FMI.
Según filtraciones de prensa, las medidas exigidas por la "troika" incluyen un recorte del 22% del salario mínimo (que pasaría a unos 586 euros mensuales para los 325.000 asalariados afectados), reducciones en las pensiones y una supresión rápida de 15.000 empleos en la función pública. Pero la población griega, con una economía en recesión, se opone a nuevas medidas de austeridad.
Las dos principales centrales sindicales -Adedy (empleados públicos) y GSEE (privados)- convocaron una nueva huelga general el viernes y el sábado, tras otra huelga que el martes congregó a más de 20.000 personas en Atenas.
El sindicato comunista Pame incluso llamó a los griegos a salir a las calles este mismo jueves por la noche.
Los sindicatos, al igual que numerosos políticos y analistas, consideran que los ajustes sólo pueden agravar la situación de un país que entra en su quinto año de recesión y que, según se reveló el jueves, superó en noviembre el millón de desocupados (1,02 millones), una cifra en alza de 48,7% respecto a un año antes. En noviembre, el desempleo afectaba al 20,9% de la población activa.
Y el precio político de estas medidas es demasiado elevado para unos partidos que se preparan a celebrar elecciones legislativas anticipadas en marzo o abril. Por esta razón, los acreedores desean el compromiso de todas las fuerzas políticas.




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