Un abogado pidió a la Justicia que detenga la negociación que el Estado mantiene con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) hasta tanto se resuelva si existió delito en el megacanje dispuesto por Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
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El planteo fue realizado en el juzgado de Jorge Ballestero, quien investiga la legalidad de varios decretos que habilitaron a Economía a ordenar a las AFJP una compra compulsiva de Letras del Tesoro ( LETES), que luego quedaron en default y que ahora forman parte del primer tramo de deuda que el gobierno de Néstor Kirchner quiere negociar.
Sabido es que la intención de la administración Kirchner es recuperar los bonos en manos de las administradoras con una quita en el valor de 75%, similar a la propuesta que hizo a bonistas extranjeros. Según interpretó el abogado Marcos Mayo, la negociación para salir del megacanje «perjudica aún más a los clientes de la jubilación privada».
Por lo tanto, le pidió a Ballestero que dicte la medida de «no innovar» hasta tanto la Justicia establezca fehacientemente si se está renegociando el producto de un acuerdo lícito o un acto delictivo.
Por esta causa debe declarar casi todo el gabinete de la Alianza cuyas indagatorias quedaron suspendidas porque la jueza original, María Servini de Cubría, fue recusada y aceptó apartarse de la investigación.
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