Plan "corralito": Congreso y Corte no se opondrían

El gobierno se aseguró el viernes que sus legisladores no pondrán escollos al nuevo plan de bonos en el Congreso; al menos, eso fue lo que prometieron los jefes parlamentarios que visitaron a Eduardo Duhalde poco antes de que se conociera el decreto. Aun cuando el nivel de disidencias dentro de los bloques PJ del Senado y de Diputados no brinda, precisamente, garantías de estabilidad, el presidente designado y Roberto Lavagna escucharon complacidos a la delegación que los visitó el viernes pasado en la quinta de Olivos para interiorizarse sobre las alternativas a los ahorristas atrapados en el «corralito» financiero.

Encabezados por José Luis Gioja y Humberto Roggero, jefes de las bancadas de la Cámara alta y la baja, respectivamente, los delegados del oficialismo adelantaron, a priori, que no habría mayores objeciones de sus compañeros al flamante decreto de necesidad y urgencia. Juega a favor del duhaldismo que los DNU todavía no están reglamentados. En la comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza Cristina Fernández de Kirchner (principal contradictora gubernamental en el Senado), todavía no se pusieron de acuerdo sobre el sistema que regirá: si los decretos caerán ante el silencio del Congreso, si bastará con que una de las alas legislativas los rechace para que pierdan vigencia, etcétera.

•Obligación

De estar regulado según el criterio de la señora de Kirchner, sería obligatorio que el Parlamento se pronuncie sobre las resoluciones del Poder Ejecutivo. Por eso, no se descarta que haya cuestionamientos, aunque -por ahora-aislados y controlables. Gioja, que recibió felicitaciones por la sanción de la noche anterior de la derogación de «subversión económica» -incluida en el «Documento de 14 puntos» de los gobernadores y en las demandas del Fondo-, llegó acompañado por la ultraduhaldista Mabel Müller y el fueguino Mario Daniele. En Buenos Aires, después de una semana agitada, quedaban pocos senadores el viernes por la tarde.

Tampoco se esperan mayores problemas en la Corte, pese a que algunos de sus integrantes no se encuentran en Buenos Aires y a esos temas cruciales se han juramentado tratarlos cuando estén todos sus integrantes. De todos modos, los jueces supremos se han ocupado, y preocupado, en aclarar que ninguna medida que se aparte sustancialmente de lo que estableció la jurisprudencia para avalar el plan BONEX del anterior gobierno de Carlos Menem en 1989 podría pasar los tribunales por más que la Corte quiera colaborar en la solución de un problema crítico para los bancos que amenaza la existencia misma del sistema financiero, aunque la resolución del complejo caso no sólo es jurídica, sino de naturaleza política.

En ese marco, se aclaró que, pese a la intención de no provocar más daños en el sistema financiero del país, se siguen observando con aprehensión las dudas del gobierno para solucionar la crisis con el Congreso que derivó en un pedido de juicio político sobre el cual el PJ se mantiene dividido. De todos modos, se cree que habrá señales en el acuerdo de mañana, aunque a partir de declaración de inconstitucionalidad del «corralito» financiero en el caso Smith, los jueces supremos consideran que se les hace muy difícil apartarse del marco constitucional que garantiza el derecho a la propiedad, base de toda la jurisprudencia que se ha dictado hasta ahora.

Precisamente, esa aclaración es la que se les hizo a los abogados de Lavagna cuando consultaron sobre el marco legal que no podían transgredir. Para fundamentar su aceptación del plan BONEX, en la Corte se sostiene que la medida mantuvo el valor de la moneda. Una definición fundamental de la posición de la Corte se puede observar en el mismo caso Smith. Precisamente como guía que seguirán los tribunales de primera instancia, la mayoría integrada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Augusto Belluscio, Guillermo López, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez puso como límite el estricto cumplimiento del artículo 17 de la Constitución que norma sobre el derecho a la propiedad.