Podría afrontar el gobierno este año devolución de 13%

El equipo económico de Roberto Lavagna intentó este fin de semana reponerse del impacto por la decisión de la Corte Suprema de dar marcha atrás en la rebaja de 13% de los salarios públicos, las jubilaciones y los aportes al salario familiar. Por eso trabajó a destajo tratando de develar dos preguntas centrales:

a) ¿Cuánto es o puede ser el aumento en el gasto público a partir de esta medida?

b) ¿De dónde podría proveerse el sector público de los fondos necesarios para atender esta emergencia?

Por otro lado, algunas fuentes del gobierno de Eduardo Duhalde trabajan en la redacción de un decreto de necesidad y urgencia que redacte nuevamente la ley de déficit cero, por la cual se instrumentó la reducción, atendiendo a los reparos jurídicos de la Corte Suprema -explicar la emergencia económica y el tiempo de duración-(ver nota aparte). Esto podría solucionar el problema hacia adelante, pero igualmente se debería atender los reclamos de retroactividad de los empleados públicos y los jubilados. Si este intento jurídico del gobierno fracasara, la especulación del equipo económico es que el incremento de gastos anuales, tal como adelantó este diario el viernes pasado, podría llegar a los $ 3.000 millones; pero que aumentarían a $ 5.000 millones en el caso de que se sumen las indemnizaciones por retroactividad. La buena noticia es que en una segunda especulación, los hombres de Roberto Lavagna aseguran que el impacto principal de la decisión de la Corte Suprema no sería este año sino que se daría en 2003.

Según los asesores legales del ministro de Economía, y al analizar los tiempos judiciales del país, en realidad la decisión de la Corte implica a un solo caso puntual. Si bien es verdad que esta decisión aportaría jurisprudencia para el resto de las presentaciones judiciales, el impacto fiscal para el estado no sería inmediato sino que demandaría incluso por lo menos un trimestre más en repercutir en las cuentas públicas.

En números concretos, únicamente habría este año un incremento de entre 600 y 800 millones de pesos en el gasto para atender esta emergencia fiscal; lo que en principio podría cubrirse con el mantenimiento del ritmo de recaudación y con el superávit fiscal proyectado para todo 2002: unos $ 700 millones.

• Invulucrados

En total están involucrados en la medida unos 250.000 empleados públicos que cobran más de 500 pesos mensuales; 1,5 millón de trabajadores privados que vieron reducir su salario familiar y unos 540.000 jubilados y pensionados que perciben más de 500 pesos mensuales.

El problema entonces, siempre según los hombres de Lavagna, se presentaría en el ejercicio 2003. Sería un hecho que en el presupuesto anual para el próximo año, que antes de la aparición del fallo de la Corte se pensaba presentar entre el 10 y el 15 de setiembre en sus líneas generales, debería incluir el aumento de gastos que generará la eliminación del ajuste de 13%.

A partir de este punto es donde comienzan los problemas reales para el equipo económico, más específicamente para la Secretaría de Hacienda que dirige Jorge Sarghini. Entre este funcionario y el subsecretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballestero, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, y el nexo entre la AFIP y Economía, Roberto Sericano; comienza la tarea de pensar las fuentes de financiamiento para cubrir la marcha atrás en la rebaja de 13%.

Las hipótesis que aparecieron este fin de semana son las siguientes:

• sería prácticamente un hecho que si el fallo de la Corte implica además cubrir el retroactivo acumulado entre setiembre de 2001 (cuando efectivamente comenzó el recorte) y agosto de 2002; se lanzaría un nuevo bono. Según los asesores legales de Economía, la Justicia debería aceptar este tipo de pago ya que se mantendría el valor del dinero perdido. Sería una tesis similar a la del plan BONEX, donde la aceptación legal se basó en que el ahorro mantenía el poder adquisitivo.

• Para el dinero que se debería contar hacia adelante se efectuó el siguiente cálculo. Según las estimaciones de Economía, de mantenerse en 2003 el actual nivel de recaudación ascendente y congelado el gasto público (excluyendo el recorte de 13%), el año próximo se pasaría de un superávit de 1.400 millones de pesos a un déficit cercano a los 1.600 millones de pesos. Ese sería entonces el dinero que se debería conseguir alterando el sistema impositivo actual.