Con la reapertura de ayer de la actividad en los tribunales de todo el país, y al terminar la vigencia de la Ley 25.563 que limita la posibilidad de los jueces de declarar quiebras comerciales y avanzar en demandas por falta de pagos, comenzará a develarse la incógnita sobre el impacto de la vigencia de esa medida sobre la cantidad de quebrantos.
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Según la información que ayer publicó ayer la Organización Veraz (que registra el nivel de demandas judiciales en el Poder Judicial por la falta de pagos), la vigencia hasta el último día de enero de 2003 de esa legislación, «significó en la práctica la paralización no sólo de sentencias sino también del ingreso de nuevas causas».
Esto provocó que «por primera vez en más de cinco años las quiebras decretadas durante 2002 fueron casi 50% menores a las registradas en 2001, año en que llegaron a marcar un récord». Desde el lunes pasado, primer día hábil de febrero de 2003, habrá que evaluar si aumentan los pedidos de quiebras y concursos por la vigencia plena de los derechos de los acreedores por sobre los deudores para ejecutar sus bienes o definir un cronograma o plan de pagos.
El gobierno busca que con la nueva reglamentación de las mediaciones, haya más alternativas de solución de este tipo de controversias.
Según Veraz, en enero pasado y con motivo de la feria judicial, los ingresos de nuevas causas fueron escasos», y el total de demandas fue de 63 causas que se distribuyeron en 5 pedidos de quiebras, 1 pedido de concurso preventivo y 57 juicios ejecutivos.
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