Ponen en marcha cuentas bancarias para cobrar pagos de juicios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la instrumentación de las cuentas a la vista para uso judicial, con las que se bancarizarán los pagos correspondientes a causas que tengan sentencia de la Justicia.

La medida disminuirá el movimiento de dinero en efectivo y optimizará la operatoria relacionada con la administración de estos fondos, en medio de una fuerte ola de inseguridad con reiteradas "salideras bancarias".

La disposición entrará en vigencia este miércoles y la norma resultará aplicable en la medida en que no se oponga con otras emitidas por los poderes públicos de las distintas jurisdicciones.

La norma dispone que todos los depósitos a realizar en estas cuentas que superen los 30.000 pesos deberán realizarse mediante transferencias electrónicas desde cuentas a la vista o por cualquier otro medio de pago distinto del efectivo.

Los pagos a los beneficiarios designados en los expedientes judiciales, cuando resulten superiores a esa cifra, también se realizarán mediante transferencias electrónicas a cuentas abiertas a nombre de aquellos.

Cada beneficiario deberá informar al juzgado los datos de identificación de su cuenta y su Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Si el beneficiario no dispusiera de una cuenta a su nombre, las entidades financieras depositarias de las cuentas judiciales deberán ofrecerles una caja de ahorro y una tarjeta de débito sin costo por el plazo de un año.

Para los casos de depósitos y pagos judiciales por sumas inferiores a 30.000 pesos, la utilización de transferencias electrónicas deberá preferirse a cualquier otro medio de pago.

Cuando se trate de cuentas en moneda extranjera se utilizarán medios electrónicos de pago cuando estos se encuentren implementados por la entidad financiera interviniente, ya sea para los depósitos como para los pagos.

Las entidades financieras deberán implementar y poner a disposición de los juzgados un sistema informático de acceso remoto a las cuentas que permita a las autoridades judiciales -a través de sus usuarios autorizados- gestionar consultas y pagos.