Postergan la firma del acuerdo

Los gobernadores del PJ resolvieron postergar por un par de días el acuerdo fiscal que vienen negociando con el gobierno desde el domingo pasado. La razón de esta demora es ambigua.
Tiene que ver con algunas discusiones pendientes (ayer le tocó al congelamiento del gasto) pero, sobre todo, a la voluntad de someter al gobierno a una exhibición prolongada de dureza frente a un coro de mandatarios que pide por más salud, educación y seguridad.

El cuadro lo trazó temprano Carlos Ruckauf cuando dijo «ellos gobiernan para Wall Street y nosotros les tenemos que recordar que hay argentinos»; esa manera de clasificar a los grupos fijó un carril que los gobernadores del peronismo, en especial los que tienen alguna aspiración presidencial para el 2003, transitan a gusto.

Si Chrystian Colombo y José Luis Machinea tenían pensado que ayer se suscribiría el acuerdo (amenazaron con establecer uno con los representantes de la Alianza, para presionar al resto), la aparición de nuevas objeciones demoró las decisiones.

Colombo se irritó y, delante de periodistas de medios extranjeros, sugirió que podría llegarse a un pacto con los jefes de provincia que estuvieran dispuestos a suscribirlo y dar de baja los convenios particulares que se habían alcanzado con los que siguieran «piqueteando». Sin embargo, «el Vikingo» sabe que no podrá apostar mucho a esa carta: Machinea se encargó de adelantar a las provincias que «no nos prestan ni 100 millones de dólares» y el propio Stanley Fisher confesó que «si se llega a un acuerdo con los gobernadores habrá un respaldo financiero». En otras palabras, desde adentro y desde afuera, el oficialismo quedó «regalado», como se dice vulgarmente.

El principal argumento que utilizaron los gobernadores para esgrimir resistencias a los ajustes fue que «desde ahora al 2005 le estaremos cediendo a la Nación $ 9.730 millones si la economía crece a 2,5%». En el gobierno responden que las provincias forman el único sector que no se restringió en sus ingresos respecto del año pasado. Sobre esa plataforma discursiva se sigue la pulseada.

Ayer el punto de discordia fue la cláusula de congelamiento del gasto. José Manuel de la Sota puso el grito en el cielo por la rigidez de esa pretensión: «Si yo privatizo ¿no voy a poder gastar más?» preguntó una y otra vez. Abrió así una nueva brecha por la que se infiltró pronto Ruckauf: «Yo estoy haciendo cárceles pero no voy a poder designar los carceleros». Otros aspectos del convenio (la manera de distribuir recursos coparticipables y la asignación adicional de $ 250 millones para la acción social en las provincias) quedaron superados.

Esto haría pensar en que el colegio de gobernadores suscribirá el pacto pero nadie estaba convencido ayer de que eso pudiera ocurrir hoy. El peronismo provincial se reunirá en Santa Cruz viernes y sábado.

Mortificará el domingo a De la Rúa y sus ministros y, tal vez, ceda su firma el lunes, bastante indiferente a las veladas amenazas de Colombo.