Pou se defiende y sin que lo citen, van a Tribunales

El presidente del Banco Central, Pedro Pou, se presentará espontáneamente entre hoy y mañana en Tribunales con toda la información que posee de bancos sospechados de lavado de dinero. En una entrevista con este diario contestó críticas y anticipó que será la Justicia la que "determine si en el Banco Central algún funcionario demoró la investigación". Precisamente ésa es la acusación que le hacen diputados y senadores, los que piden su alejamiento de esa entidad. Pou señaló que "no consta que sea lavado de dinero" operaciones realizadas a través del ex Banco República. También afirmó que aún no hay indicios de responsabilidades penales en la actuación del Citibank. La preocupación por el voltaje que alcanzaron las denuncias de lavado llegó hasta el ministro José Luis Machinea, temeroso ahora de que otra crisis interna, con una eventual remoción de Pou, vuelva a desatar desconfianza en inversores extranjeros. "Masoquearnos aceptando que, para lograr una candidatura, se nos diga que somos el país más lavador de dinero merece análisis psicológico", señaló el titular del Central, en referencia a la diputada Elisa Carrió.

Entre hoy y mañana el titular del Banco Central, Pedro Pou, se presentará a la Justicia: «Voy a solicitar que con todos los elementos que obran en el Banco Central vinculados a la operatoria entre el ex Banco República y el ex Federal Bank, se vea si de allí surge una operación de lavado de dinero, que se investigue mi conducta y se determine si estoy incurso en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público».

Ayer Pou anticipó su medida como primicia a este diario, al tiempo que relativizó la responsabilidad del Citibank en el escándalo. En un extenso reportaje dijo, además, que lo que se investiga son transferencias que hacían algunas empresas del Banco República al Federal Bank por dos millones mensuales y no por 400 millones, como denunció la diputada Elisa Carrió.

Pou interrumpió un viaje al exterior y ayer recibió a Ambito Financiero en su despacho en el Central. Este fue el diálogo mantenido:

Periodista: El Senado de los Estados Unidos sostiene que en el sistema financiero argentino se lava dinero, y no por montos insignificantes. ¿Qué harán desde el Central al respecto?

Pedro Pou: Es falso que ésa sea la opinión del Senado de los Estados Unidos. Lo que conocimos la semana pasada fue un informe de la minoría del Subcomité de Asuntos Gubernamentales del Senado. Ese informe que, repito, no es un informe del Senado de los Estados Unidos, estudia a lo largo de 379 páginas los casos más recientes de lavado de dinero. Hace referencia a diez casos, dedicándole a cada uno de ellos entre 20 y 60 páginas. Hay algunos párrafos que mencionan las actividades de algunos bancos «offshore» que estarían vinculados con bancos argentinos. El más notable es el Federal Bank, que supone vinculado al ex Banco República. Pero ni siquiera se afirma que el Federal Bank lave dinero.

P.: Pero también se menciona al Citibank y a una casa de Bolsa local. Da la sensación de que el Central minimiza la importancia del informe.

P.P.: No la minimizo. Trato de ponerla en contexto. En la página 37, en un párrafo que tiene nueve renglones, se menciona al Citibank como agente corresponsal de dos bancos «offshore», el M.A. Bank y el Federal Bank. Se sorprende de que el Citibank haya enviado información al Banco Central de que no podía identificar a los accionistas del Federal Bank. Y señala textualmente, sobre los motivos de la respuesta enviada (por el Citi) al Banco Central: «El funcionario del Citibank informó que tenía la impresión de que el Banco Central estaba tratando de jugar algún tipo de juego» que era «obtener alguna prueba legal de propiedad». Sigue textualmente señalando el informe que «el funcionario (del Citi) dijo que ahora él sabía cómo el Citibank debió haber contestado la carta, de un modo diferente». Esto es lo que sucedió. No porque la diputada Carrió haya hecho muchas declaraciones televisivas, sino porque el propio Citibank revisó su conducta interna y decidió modificarla.

Implicancias

P.: ¿Por esto va a hacer un juicio contra Carlos Fedrigotti (titular del Citi en la Argentina)?

P.P.: Nuestra área legal está estudiando las implicancias de dos declaraciones del Citibank. Una que afirma que no conocen a los accionistas del Federal Bank. Y otra en la que, si bien no manifiestan taxativamente quiénes son, lo incorporan dentro del grupo Moneta. Si de esa investigación surgen indicios de responsabilidades penales, actuaremos como hemos hecho hasta ahora: remitiendo los expedientes al procurador general de la Nación para que vea si corresponde formular una denuncia, ante quién y contra qué funcionario. Quiero aclarar que Carlos Fedrigotti es una persona que ha gozado de mi mayor respeto durante su gestión en el Citibank y que ha promovido una mejora sustancial en la actitud de esta entidad frente a este tipo de problemas.

P.: ¿O sea que lo están investigando?

P.P.: Le dije que el área legal está estudiando si existe un delito al haber dos respuestas distintas, aunque en momentos distintos. Si se desprendiera de ese análisis que existió un delito, no dude que lo denunciaremos. Pero vamos primero a terminar la investigación interna. Vamos a esperar la respuesta del Citi-bank, que le fuera requerida la semana pasada. Y, recién entonces, vamos a sacar nuestras conclusiones.

P.: Algunos legisladores cuestionan los tiempos del Central. ¿Por qué demoró tanto en ver la luz esta investigación?

P.P.: Los tiempos del Central no son los tiempos de la política. En junio de 1998 se inició una inspección anual del ex Banco República. El 16 de diciembre, antes de concluir la inspección, los inspectores Foglino y Novello informaron a la Dra. Castaño que existía una serie de opera-ciones que eran «inusuales» al ser hechas por empresas constituidas recientemente, con similar domicilio y apoderados.

P.: ¿Qué clase de operaciones?

P.P.: Se trata de transferencias de dinero de esas empresas a otras firmas de ese mismo grupo, hechas a través de la cuenta de corresponsalía en el Citibank Nueva York del Federal Bank. Pero lo destacable, al menos en relación con los datos que mane-jan los diputados, es que los montos suman, en total, para los meses de febrero a junio de 1998 la cantidad de $ 76 millones de egresos y $ 65 millones de ingreso. Vale decir que el movimiento neto, durante los cinco meses a que hace referencia el estudio, suma $ 11 millones. O sea poco más de $ 2 millones mensuales y no los $ 400 millones mensuales a que hizo referencia la diputada Carrió en su declaración testimonial por ante el Comité de Acusación del Consejo de la Magistratura, que discutía el pedido de enjuiciamiento del juez Leiva.

P.: ¿De dónde salen entonces los $ 400 millones mensuales?

P.P.: Le describo el expediente. La cifra de $ 400 millones mensuales a la que hace referencia la diputada Carrió, y que dio lugar a toda clase de especulaciones acumulando esa cifra durante diversos períodos, es algo que la diputada deberá aclarar.

P.: ¿Qué pasó con ese informe? ¿Fue a la Justicia?

P.P.: Ese informe preliminar fue analizado por diversas dependencias de la Superintendencia de Entidades Financieras y finalmente puesto a consideración de asuntos judiciales el día 27 de octubre de 2000 para que informe si corresponde notificar de estos hechos al procurador general de la Nación. El asesor legal recomendó poner estos hechos en conocimiento de esa autoridad y así se hace el día 15 de noviembre. El procurador giró las actuaciones al fiscal de cámara, quien dispuso su remisión al juez Literas.

P.: Pero la diputada Carrió dice que usted actuó después de que ella hiciera su denuncia pública.

P.P.: Este expediente se inició en diciembre del '98 y recién el 2 de agosto de 2000 la gerencia de requerimiento y control recomendó girar las actuaciones al procurador. El motivo se lo leo textualmente: «Ante la duda de que alguna de ellas fuera inusual o sospechosa». Todo funcionario público está obligado a denunciar un delito cuando toma conocimiento del mismo. Por eso, las denuncias no las efectúo yo, porque no llegan hasta mí. Cuando los inspectores recibieron la confirmación del área legal de que en los hechos relatados podía haber un delito, fueron y lo denunciaron al procurador del Tesoro, como dice la Resolución Nº 573/97 del Banco Central. Y la diputada Carrió hace sus declaraciones ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura recién el 30 de noviembre. O sea que saque usted sus conclusiones.

Denuncias

P.: ¿Existen elementos en el Banco Central que hagan suponer que el grupo Moneta lavaba fondos en el Banco República o en el Banco de Mendoza?

P.P.: Los elementos con que contamos son los que surgen de las actuaciones que he mencionado. En esas actuaciones, ahora a disposición del juez Literas, se denuncian operaciones «inusuales», no sospechosas, que no me consta que constituyan un delito, que no me consta que sean lavado de dinero. El juez será quien deberá determinarlo. Con respecto al Banco de Mendoza, no conozco ningún expediente que haya dado lugar a sospechar de operaciones inusuales.

P.: Volviendo al informe del Comité del Senado de los Estados Unidos. Aun siendo un comité, reconozcamos que la mención de la Argentina en esta investigación hace aparecer al país en una lista negra.

P.P.: Insisto en que no se trata de un comité, sino de un informe de la minoría de un subcomité, que como tal no compromete la opinión del comité ni menos la del Senado de los Estados Unidos. No creo que la mención que se hace en ese informe a estos bancos «offshore» ponga a la Argentina en una lista negra. Por el contrario, la Argentina ha sido un país invitado a fines de 1999 a formar parte como miembro permanente del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), integrado por el G-7 y otros países que han trabajado seriamente en esta materia, lo que importa un reconocimiento internacional, todo lo contrario de formar parte de una lista negra.

P.: De todos modos, este informe lo dejó a usted en una situación incómoda.

P.P.: Tan incómoda como lo debe haber dejado a William McDonough, de la Reserva Federal de Nueva York, que supervisa a algunos bancos analizados en el informe, o a John Hawke, de la OCC, que supervisa al resto. Sin embargo, a diferencia de mis colegas supervisores norteamericanos, no leo en las 379 páginas que se les haga ninguna imputación penal. ¿Será que nuestras leyes son distintas? ¿Será que nuestros políticos son distintos? ¿O será que nuestra sociedad es distinta? La verdad es que son preguntas que me hago frecuentemente, pues noto un particular énfasis en responsabilizar a un funcionario público de cada acto particularmente adverso, actitud que no veo en otros países. Creo que el Central ha sido pionero en adoptar mecanismos de control del lavado de dinero, y que esto ha sido precisamente reconocido al otorgarnos nuestra incorporación al GAFI. Eso no quiere decir que no haya ningún acto de lavado de dinero, pero masoquearnos aceptando que para lograr una candidatura pública se nos diga que somos el país más lavador de dinero es algo que merece un buen análisis sociológico y/o psicológico.

P.: ¿Y respecto de todas las denuncias que pesan en su contra?

P.P.: Es parte de la carga de ser funcionario público en la Argentina y hay que aceptarla si se está dispuesto a trabajar en el sector público. Es una carga para el funcionario, pero también para el país, pues desalienta a buenos profesionales de ocuparse de la cosa pública, con lo cual obtenemos menor calidad de las políticas. En mi caso personal, tengo 28 denuncias penales. En este caso en particular, he decidido sumar una más y tener 29.

P.: ¿Y ahora?

P.P.: He decidido presentarme mañana (por hoy) o a más tardar pasado (por el martes) a los tribunales, con todos los elementos que obran en este Banco Central vinculados a la operatoria entre el ex Banco República y el ex Federal Bank. Voy a solicitar que se investigue mi conducta y se determine si estoy incurso en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, es decir si he cumplido o no con mis deberes en relación con las imputaciones que formulan algunos diputados.

P.: ¿Qué espera lograr con esta presentación?

P.P.: Quiero que alguien serio, profesional, acostumbrado a esa tarea, se tome el trabajo de leer el expediente, analizarlo seriamente y ver si de allí surge una operación de lavado de dinero, si esa operación es de dos o cuatrocientos millones y si el presidente del Banco Central o algún funcionario demoró la investigación.

Entrevista de Alejandro Matvejczuk