Washington - Seguridad nacional contra libre comercio. Dos de las principales prioridades de la política estadounidense han entrado en colisión con la nueva ley sobre seguridad nacional aprobada el viernes por el Congreso. La norma ordena que todos los cargamentos que se dirijan al país sean inspeccionados en los puertos de origen por un escáner que determine que no tiene armas o explosivos en su interior.
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La ley, que sólo está pendiente de la ratificación del presidente, George W. Bush, también endurece los requisitos para los viajeros. Hasta ahora, las aerolíneas tenían que presentar a las autoridades estadounidenses una lista de los pasajeros de cada vuelo 15 minutos antes de que el avión despegara de su aeropuerto de origen. Con la nueva normativa, esas listas deberán presentarse con 48 horas de antelación.
La norma obedece a la preocupación de que los musulmanes europeos en general -y británicos en particular- crucen el Atlántico para cometer atentados en EE.UU. Y, en su actual versión, establecida tras los atentados del 11-S, ya ha causado algunos incidentes sonados. Entre ellos, uno en 2004, cuando EE.UU. desvió un vuelo de United Airlines entre Londres y Washington porque en él viajaba el cantante británico Yusuf Islam, conocido como Cat Stevens antes de su conversión a la religión musulmana. Este -que apoyó la condena a muerte del escritor Salman Rushdie lanzada por el ayatolá Khomeini en 1989 con un rotundo «ese hombre merece morir»- iba a Washington para grabar con la cantante de country Dolly Parton, pero fue deportado al Reino Unido inmediatamente.
La nueva regulación también exige que toda la carga de los aviones sea examinada con rayos X, algo que en la actualidad sólo se hace con el equipaje de mano y una parte del que se factura, lo que deja abierta la posibilidad de que terroristas suicidas facturen bombas de relojería para que estallen mientras los aviones vuelan. La norma, que entrará en vigor en 2010, tendrá un impacto negativo en las cuentas de las líneas aéreas, pero las medidas más drásticas afectan al transporte marítimo.
La nueva ley establece un plazo de cinco años para que absolutamente todos los cargamentos que lleguen por vía marítima a EE.UU. sean inspeccionados, una decisión que obedece al temor a la entrada de armas de destrucción masiva en contenedores. Cada año llegan a los puertos estadounidenses 11 millones de contenedores de los que, según las autoridades, 89% es controlado por razones de seguridad en territorio norteamericano. Ahora, todos esos cargamentos deberán ser examinados en sus puertos de origen.
Es una tarea tan complicada que el propio Congreso ha decidido, en la práctica, no poner un plazo para su entrada en vigor, siempre y cuando el Departamento de Seguridad Interior, de quien depende el control de los puertos de EE.UU., alegue motivos técnicos que justifiquen los retrasos. Es una medida que devalúa toda la ley, pero que es comprensible, dado que lo que quiere hacer el Congreso exigirá un esfuerzo logístico gigantesco, inversiones enormes y, encima, es cuestionable que haya tecnología para ponerlo en práctica.
Falsas alarmas
De hecho, los sistemas puestos en marcha en EE.UU. tras el 11-S para descubrir elementos radiactivos en sus puertos y en sus ciudades han dado lugar a una larguísima serie de falsas alarmas. Por ejemplo, según develó hace cuatro meses Steve Coll, del think tank New America Foundation, un reciente ensayo de esos detectores en un partido de básquet de la NBA descubrió que el ex secretario de Energía, Spencer Abraham, era una bomba atómica andante, dado que había ido al médico hacía poco y lo habían sometido a exploraciones con elementos radiactivos.
Otras falsas alarmas han provocado la retención de cargamentos de plátanos -unas frutas que emiten radiación porque tienen el isótopo radiactivo Potasio 40- y un concienzudo examen de un barco chatarrero de Sri Lanka, que fue detenido antes de entrar en aguas territoriales estadounidenses, pero que no tenía más que hierros viejos que emitían un poco de radiactividad.
Numerosos expertos en armas nucleares han mostrado su escepticismo acerca de la posibilidad de que Al-Qaeda o cualquier grupo terrorista sea capaz de introducir una bomba atómica sucia -es decir, un ingenio que provoque radiación, pero no explosión, de una forma similar a la de la central nuclear soviética de Chernobil- en el país. Y las organizaciones empresariales han puesto el grito en el cielo, ya que afirman que el sistema disparará los costos administrativos de las importaciones y que, al final, los principales perjudicados serán los consumidores, que deberán pagar el costo de las nuevas medidas.
Pero la entrada de armas de destrucción masiva dentro de contenedores o la repetición del 11-S son obsesiones nacionales en EE.UU. La oposición demócrata, además, ha utilizado la primera de esas cuestiones como un arma arrojadiza contra la administración Bush. La nueva ley es un excelente ejemplo de ello. Lo más probable, sin embargo, es que muchas de sus regulaciones sólo entren en vigor dentro de bastantes años y simplemente abran la puerta a nuevas oleadas de falsas alarmas terroristas.
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