Ushuaia (enviado especial) - Entre los financistas hay preocupación por el artículo 15 del proyecto de Presupuesto 2005 que permite al jefe de Gabinete disminuir las partidas de deuda pública para atender otras erogaciones, otro artículo incluido en el paquete que otorga superpoderes al gobierno para manejar el gasto. Allí se deja «sin efecto la disposición prevista en artículo 84 de la Ley 11.672, complementaria permanente del Presupuesto, referida a la Jurisdicción 91 --Obligaciones a cargo del Tesoro». En virtud de que el artículo 84 de la Ley 11.672 dice que «los créditos que se asignen en las respectivas leyes de presupuesto para las jurisdicciones 90 (Servicio de la Deuda Pública) y 91 ( Obligaciones a cargo del Tesoro) no podrán disminuirse para incrementar créditos de las restantes jurisdicciones y entidades integrantes de la Administración Nacional», los analistas sostienen:
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• Implicaría que el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) puede usar la plata prevista en esas jurisdicciones para aumentar el gasto de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Planificación o alguna otra;
• La Jurisdicción 90 prevé $ 9.918 millones para el pago de los servicios de la deuda pública en cabeza de la Administración Nacional. Las estimaciones privadas dicen que estos recursos alcanzarían sólo para pagar los intereses de la deuda «perfoming» (no defaulteada).
• La Jurisdicción 91 prevé un gasto de $ 7.616 millones, lo que implica $ 3.134 millones más que el crédito vigente en el Presupuesto 2004.
• El uso que se daría a los $ 7.616 millones en 2005 es poco claro. Dicen que $ 3.102 millones se destinan a « asistencia financiera para gasto social provincial»; $ 1.222 millones a «asistencia financiera a provincias»; $ 845 millones a «coparticipación federal de impuestos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego»; $ 1.011 millones a «asistencia financiera a empresas publicas, ente binacional y concesión de servicios públicos», y $ 800 millones a «asistencia financiera a sectores económicos». Por eso los analistas no le dan muchas probabilidades a que bajo este último rubro se esconda un pago en efectivo para los acreedores.
En otro orden, se habló de que, si el equipo negociador mantiene el cupón atado a la evolución del PBI, sería una gran sorpresa. Es que la revisión hacia arriba de las proyecciones de crecimiento económico para este año como para 2005 potencian el valor del cupón y, por ende, de la oferta del gobierno. Frente al mayor ritmo de crecimiento del PBI estimado para el tercer y cuarto trimestre de 2004, el año finalizaría dejando un arrastre estadístico importante para 2005 de alrededor de 2% a 2,5%. En virtud de que el PBI de 2004 es el que se utilizará como base de cálculo del pago del cupón indexado al PBI, la revisión hacia arriba de la proyección de los dos años incrementaría el valor de la oferta en aproximadamente un dólar, de 2,4 a 3,3 dólares por unidad. Los analistas advierten que, a la hora de evaluar la oferta total, no puede soslayarse la unidad ligada al PBI, porque tendrá algún valor, y el mayor riesgo en las estimaciones es la tasa de descuento utilizada.
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