Santa Cruz, Bolivia (EFE) - Repsol YPF expresó ayer su «preocupación» por la posibilidad de que la nueva normativa sobre el gas que se derivará del referendo aprobado el domingo pasado en Bolivia sea «confiscatoria», informaron fuentes de la compañía.
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La empresa manifestó también su inquietud por el anuncio realizado por el presidente boliviano, Carlos Mesa, de que este país exportará gas natural a ultramar por un puerto en Perú si Chile no atiende su demanda de una salida soberana al Pacífico.
El representante de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, manifestó, sin embargo, su satisfacción por el desarrollo de la consulta popular y por la determinación tomada por los ciudadanos de exportar las reservas de gas del país, las segundas en volumen de Sudamérica, por detrás de Venezuela.
Gavito subrayó que «el gobierno se sentirá más fuerte, tanto interna como externamente», después del respaldo dado por la población al plan para el sector energético propuesto por Mesa.
«Mi preocupación es que esa nueva Ley de Hidrocarburos sea confiscatoria», advirtió, no obstante, en alusión a la normativa que redactará el Ejecutivo de acuerdo con las respuestas obtenidas en la votación del domingo.
Al respecto, Mesa ha aclarado que el concepto de «recuperación de la propiedad de hidrocarburos en boca de pozo» no representa la expropiación de las compañías, como han pedido varias organizacio-Repsol YPF y el resto de transnacionales que operan en el sector «han llegado aquí y han invertido porque había unas reglas del juego. Si ahora cambian las reglas del juego, podría pensarse que nos están confiscando», explicó.
«Espero que no sea así», dijo, y sugirió que «las partes (implicadas) comiencen planteando las cifras como son y no como se han venido utilizando erróneamente con intoxicaciones y falsedades»; en referencia a la aportación del sector al Tesoro boliviano, uno de los aspectos que más críticas le ha significado.
Según las cifras de la firma, auditadas internacionalmente, desde 1997 hasta diciembre de 2003, invirtió un capital de 823 millones de dólares que ha generado un volumen de negocios del que han resultado 102 millones en beneficios y un pago al Estado de 745 millones en concepto de cánones e impuestos, dijo.
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