Preocupación por tasas municipales

«Ya no saben de dónde más sacarnos plata.» La queja de un empresario del sector de bebidas gaseosas puede ser suscripta por los de cualquier otra industria: sucede que varios municipios bonaerenses están cobrando tasas -e incluso intereses punitorios por supuesta falta de pago- a cambio de servicios que no brindan. El recurso apunta claramente a paliar los habituales déficit operativos de las malas administraciones comunales, y para alcanzar estos dudosos objetivos recurren a organizaciones «privadas» (generalmente vinculadas con algún funcionario municipal) que apelan a recursos no siempre legales para alcanzar el cobro de esas «tasas». Dado que sus ingresos están en función de las «infracciones» que detecten, sus métodos muchas veces se alejan de la legalidad. Desde ya, la práctica habitual en estos casos es «pague primero, quéjese después»; la queja debe ser presentada ante la Justicia ordinaria, que debe tomarse su tiempo para determinar si la sanción es justa o no. Las «tasas» más habituales que aplican los municipios sobre las empresas son por habilitación de locales, seguridad, higiene, publicidad, ocupación de espacios públicos y hasta «inspección veterinaria» a organizaciones que hace décadas han dejado de utilizar la tracción a sangre en sus transportes. También los municipios gravan determinados productos con tasas propias. «Esto sucede a pesar de que la Constitución nacional, en sus artículos 5, 6, 9, 10, 75 y 123 prohíbe expresamente la creación de aduanas internas para productos manufacturados en el país o importados de acuerdo a derecho», apunta una fuente de la FABA (Federación de Autoservicios, Almaceneros, Supermercadistas de la provincia de Buenos Aires), entidad que intenta poner algún tipo de coto a estos abusos municipales.