Preocupante: insiste gobierno en subir costos de empresas

Un país que no genera condiciones para atraer inversiones genuinas y sustenta su crecimiento exclusivamente en las buenas perspectivas externas que sólo son producto de «momentos» a nivel mundial y que no puede dominar, está condenado a repetir errores. Y el gobierno no toma debida cuenta de ello. Es más, insiste con subirles los costos a las empresas. Como lo propone el proyecto de ley de accidentes de trabajo que este mes tratará el Congreso.

El gobierno enviaría al Congreso no más allá de este mes su proyecto de ley de accidentes de trabajo, sobre el que están trabajando en Casa de Gobierno asesores del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del secretario legal, Carlos Zannini. Por eso, entre hoy y mañana los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibirían un borrador de la iniciativa que se girará al Legislativo.

Que la ley es una «prioridad para el gobierno» ya había sido adelantado por el propio Néstor Kirchner al dirigente José Ignacio de Mendiguren en una entrevista mantenida a principios de año; pocos días después la ministra de Economía, Felisa Miceli, había repetido esa idea casi en los mismos términos durante un almuerzo en la sede de la central fabril.

El proyecto, según trascendió, mantendría en general los lineamientos del elaborado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que fuera duramente cuestionado por los empresarios industriales.    

«Doble vía»

El trascendido agrega que el gobierno sólo accedería -entre los numerosos reclamos de cambios presentados por la UIA- a eliminar la denominada «doble vía» en los casos de accidentes de trabajo. Esto es, el damnificado deberá optar entre aceptar la indemnización que otorgan las ART -según una escala que estará incluida en esa ley- o accionar legalmente ante la Justicia laboral, buscando una indemnización mayor. Cabe recordar que un fallo de la Corte Suprema permite hoy a los damnificados cobrar de las ART y luego pedir una suma mayor en los estrados judiciales.

En sentido inverso, el proyecto oficial consagraría todos los demás artículos objetados por la UIA, o sea el virtual cogobierno de las empresas con los delegados gremiales (tendrán voz y voto hasta en las materias primas que se usarán en las plantas fabriles), la «federalización» de los conflictos (se ampliará a las justicias provinciales la competencia en pleitos laborales) y la ampliación del espectro de enfermedades profesionales, entre otros.

Se descuenta que los industriales intentarán influir sobre los legisladores para que modifiquen el proyecto, pero también es un hecho -demostrado en el caso de la reforma del Consejo de la Magistraturaque diputados y senadores harán lo que se les ordene desde la Casa Rosada.

Curiosamente, el envío al Congreso de esta ley podría coincidir con el viaje a Santiago de Chile que hará el presidente de la UIA, Héctor Méndez, entre el 11 y el 13 de marzo: el dirigente fue invitado por Michelle Bachelet para asistir a su asunción como presidenta de ese país. El convite fue aceptado de inmediato. Según trascendió, también habrían sido invitados al acto otros dirigentes empresariales argentinos.

Apoyo

Paralelamente, la UIA emitió un comunicado apoyando la resolución de Economía prohibiendo el ingreso de barcos y estructuras flotantes como líneas de producción usadas. «Esta fuerte señal de apoyo a la industria naval es un respaldo explícito a favor de la producción nacional de buques factoría que bien pueden fabricarse en el país en condiciones de alta competitividad», dice la central fabril en un comunicado.

Cabe recordar que Horacio Martínez, además de encabezar el sector naviero, es uno de los negociadores designados por la UIA (junto con Daniel Funes de Rioja) para tratar con el gobierno el espinoso tema ART.