6 de enero 2022 - 11:39

Sin Presupuesto 2022, el Gobierno distribuyó recursos para la Administración Pública Nacional

La resolución 4 de la Jefatura de Gabinete publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó los recursos para las diferentes áreas de Gobierno, incluyendo los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones que representan al Poder Legislativo nacional y al Poder Judicial

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El Gobierno dispuso los recursos necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la Administración nacional, en base a la prórroga del Presupuesto para el ejercicio del año 2022.

La resolución 4 de la Jefatura de Gabinete publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó los recursos para las diferentes áreas de Gobierno, incluyendo los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones que representan al Poder Legislativo nacional y al Poder Judicial.

Esta norma se dicta "teniendo en cuenta ello, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional", según consta en los considerandos de la decisión administrativa.

La resolución aprueba "los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio Fiscal 2022, con adecuaciones parciales referidas en el artículo 27, incisos 1 y 2 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias".

Entre las planillas que conforman el anexo de la decisión administrativa figuran los recursos para cada ministerio, que van de los $564,3 millones para la cartera de Cultura a los $59.792,6 millones del Ministerio de Salud y los $92.226,6 millones de Interior.

De acuerdo a un reciente informe de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), la Administración Pública es el segundo rubro que más recibe fondos. Desde el 2017 al 2021, ocupó un 17% del total cuyo principal gasto es para salarios del personal. El resto de los gastos en el rubro corresponden a la compra de bienes y contratación de servicios que realiza el Estado para funcionar administrativamente.

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