Primer proyecto para salvar el descabellado fallo de la Corte
El gobierno ya tiene el proyecto de ley para corregir los efectos negativos del fallo de la Corte Suprema sobre accidentes laborales. Antes de fin de mes lo hará público, luego que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cumpliera el rito de reunirse con todos los sectores involucrados. Pero el dato importante es que el gobierno encara una reforma integral del sistema actual gestionado por las aseguradoras (ART). Así, no sólo se elevarán los montos indemnizatorios, sino que se incorporará la vía civil. El ministro Tomada, fuertemente influido por los gremios, ha orientado algunos lineamientos de la reforma con fuerte impacto para los costos de las empresas. El fallo de la Corte -que tiene pocos conocimientos de economía, derecho administrativo y riesgos del trabajo- finalmente le serviría a la cartera laboral para continuar eliminando los escasos avances en los '90 de modernización laboral. Con la excusa de subsanar el peligro de que se instale nuevamente la industria del juicio, Tomada aumentará el control del Estado sobre las empresas con el consiguiente incremento en los costos laborales. Perderán, lamentablemente, una vez más los desocupados ya que contratar a una persona será más caro y riesgoso.
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Se elevan los montos indemnizatorios y son considerados un piso para la reparación al trabajador.
Habrá también un cambio en el esquema tarifario de las ART. La idea es mantener la competencia pero que ésta no sirva para que las pequeñas y medianas empresas subsidien a las grandes.
Otro de los cambios que se encararán con la nueva ley será el manejo de las comisiones médicas que hoy, insólitamente, están bajo la órbita de la Superintendencia de las AFJP. Ayer precisamente Carlos Tomada, que ingenuamente ocultando su proyecto de ley cree que se distancia de las presiones sindicales, mantuvo una reunión con representantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
Sólo se refirió al encuentro diciendo que coincidió con los dirigentes de la CTA en la necesidad de «alcanzar consensos en un plazo no superior a 10 días» para definir la nueva Ley de Riesgos del Trabajo.
Por su parte, la CTA opinó que la sentencia dictada por la Corte Suprema, que derogó dos artículos de la norma, ofreció «la oportunidad de reinstalar un instrumento legal que garantice que no exista desprotección total de los trabajadores», indicó el secretario gremial, Víctor Mendibil.




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