Privatizadas vs. gobierno: no renegocian ni van a audiencia

Las transportadoras de gas (TGN y TGS), que operan los gasoductos troncales, se sumaron ayer a las empresas de transmisión eléctrica (Transener, Transba, Transnea) y comunicaron al gobierno que no aceptan la propuesta de acta transitoria que les envió la unidad renegociadora de contratos de las privatizadas. También manifestaron, en términos diplomáticos, que no concurrirán a las audiencias públicas, de las que ya hay 13 pautadas por la unidad, a realizarse a partir del 19 de agosto.

Sin embargo, no todas las situaciones son iguales. Las concesionarias de trenes de carga están renegociando con el gobierno y se considera que las tratativas «están avanzadas». Ya firmó el acta Ferrosur Roca, y en forma inminente lo haría Ferroexpreso Pampeano. Estas compañías de trenes de cargas que tienen accionistas argentinos (salvo América Latina Logística [ALL], que es brasileña y opera el Mesopotámico y el ex San Martín) están dispuestas a ir a las audiencias previstas para los días 19, 20 y 23 de agosto.

En el caso de los concesionarios de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, las conversaciones están más demoradas, pero no se descarta llegar a un acuerdo antes de la audiencia pautada para el 10 de setiembre.

En todos los casos, la unidad renegociadora, que depende de los ministerios de Planificación y de Economía, está proponiendo un acta de entendimiento, pero hay variaciones sobre el alcance y la vigencia de ese acuerdo. También hay una diferencia sustancial en los pasos previos: mientras para las empresas de gas y luz se trata de una propuesta «unilateral» que deberían firmar «a libro cerrado», un representante de las concesiones ferroviarias dijo: «Se está trabajando activamente para renegociar estos contratos que ya están en estudio desde hace más de siete años».

Las respuestas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) tienen un contenido similar. En ambos casos, se expresa que la propuesta de acta de entendimiento no es una renegociación, y se pide volver a la agenda que se había planteado en diciembre pasado.

Según ese cronograma, había seis meses para negociar y otros seis para la aprobación, incluyendo la audiencia pública, los organismos de control del Ejecutivo y el Congreso.

Ahora, las transportadoras piden retomar esa agenda, dedicando desde agosto hasta fin de año a la renegociación, y el primer semestre de 2005 para la aprobación.

También una de las dos transportadoras plantea tratativas para llegar a «cuadros tarifarios justos y razonables», según los términos de la ley del gas o, en caso contrario, que el Estado se haga cargo de las compensaciones correspondientes por no cumplir el contrato, de acuerdo con lo establecido en las reglas básicas de las licencias.

Asimismo, propone reemplazar el mecanismo de ajuste de tarifas por precios de EE.UU. (que incluye la dolarización según los contratos) por otro sistema que tenga en cuenta la evolución de los costos.

• Contundencia

Se trata de respuestas formuladas en tono meditado, pero muy contundentes en el rechazo a la propuesta oficial, en tanto ésta plantea un solo aumento de tarifas en febrero de 2005 y más exigencias de inversiones, para volver a negociar en 2007. A esto se suma el requisito del acta oficial de que las concesionarias y los accionistas renuncien a las demandas contra el Estado nacional en tribunales internacionales.

En el caso de los ferrocarriles de carga, no hay discusión sobre tarifas, porque son servicios con precios desregulados. Por otra parte, el gobierno aceptó que el canon a pagar al Estado sea un porcentaje de la facturación, pero a partir de la renegociación. También se están discutiendo todas las multas que están en suspenso prácticamente desde el inicio de la concesión por incumplimiento de las inversiones comprometidas, aceptán-dose en algunos casos las situaciones de fuerza mayor invocadas por las compa-ñías.

En las actas queda planteado, además, un mayor rol del Estado en el mantenimiento de las vías y estaciones de modo de avanzar con los ferrocarriles de larga distancia para pasajeros. Ya está decidido que con el peaje que las empresas de pasajeros deberían pagar a las de carga se constituirá un fondo fiduciario. De éste saldrán los recursos para las inversiones que vaya resolviendo la Secretaría de Transporte.