Por Breno Nunes Chas (GEENaP).- El anuncio sobre el nuevo plan de reasignación de subsidios y consumo responsable de gas y agua para los usuarios particulares y comercios pone en agenda un tema complejo, a menudo tratado con prejuicio ideológico por parte del mainstream económico. Según detallaron los funcionarios intervinientes, el aporte del Estado Nacional en materia de subsidios se reduciría entre 5.000 y 11.000 millones de pesos, que serán reasignados a los programas sociales Asignación Universal por Hijo (AUH), Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) y, en una menor cuantía, a inversiones en las distribuidoras de gas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esta nueva acción de las autoridades económicas significa una adaptación de la política de subsidios vigentes realizada por el Estado Nacional desde el año 2003 debido a los cambios sociales y económicos que se han producido desde entonces en la economía argentina. Debido al estallido de la Convertibilidad en el año 2001, y la peor crisis socioeconómica de la historia vivida por todo el pueblo argentino, el Estado Nacional decidió realizar una política universalista de subsidios en la actividad económica, es decir, que se subvenciona la tarifa de los servicios a todos los agentes económicos (familias y empresas) sin realizar una diferenciación. Por entonces resultaba necesario contener la inflación luego de la devaluación del 300% en el 2002 y promover el incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores desde el 2003, en un momento donde la tasa de desocupación rondaba el 20%, el mercado interno estaba deprimido y el tejido social destrozado y desarticulado como consecuencia de las políticas neoliberales. Es decir, el objetivo era revertir esa situación.
Desde las usinas opositoras (medios de comunicación, dirigentes políticos y empresariales, fundaciones, entre otras) siempre cuestionaron la política de subsidios, ya que consideraban un despilfarro de dinero público que desincentivaba a las compañías de servicios a realizar las inversiones, por no poder establecer precios que consideraran "adecuados" o rentables. Por su lado, el Estado Nacional promovió el uso de los subsidios como un instrumento de política económica y social debido a que fue un elemento más en la promoción del período de crecimiento más largo de la historia argentina.
No obstante, el incremento de las partidas presupuestarias para los subsidios comenzó a generar distorsiones equitativas: una familia de clase media-alta (con mayores niveles de ingresos) pagaba tarifas menores con respecto a grupos poblacionales de bajos ingresos. Además, existían disparidades entre la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) con el resto del país que potenciaba tales discrepancias.
Además, como la disminución y reasignación de los subsidios estará dirigida a los sectores populares mediante incrementos de la AUH y PROGRESAR, será beneficioso para la economía en su conjunto. Esto se debe a que este sector social gasta casi la totalidad de sus ingresos en bienes necesarios y básicos (alimentos y bebidas sobre todo) y, ante un incremento del mismo, el consumo aumenta en forma proporcional a los ingresos, lo que incentivará la demanda de bienes y mantendrá el consumo en niveles altos. Totalmente lo contrario sucede con los grupos de altos ingresos ya que, al tener cubiertas sus necesidades básicas con una parte "pequeña" del ingreso, ante cada incremento de sus ingresos el consumo no aumenta mucho más y sí el ahorro.
Un comentario adicional es que la quita de subsidios no generará una caída general de la capacidad adquisitiva porque la proporción de los gastos en agua y gas sobre el gasto total de los hogares es realmente mínimo (cercano al 1%). A pesar que muchos analistas de la oposición "advierten" que es un "tarifazo" por los altos porcentajes que implicaría la reducción del subsidio, hay que decir que el aumento, si lo analizamos en relación al precio de otros bienes, es realmente muy bajo (por ejemplo, el consumo medio de gas sale alrededor de $15 bimestral, equivalente a 3 boletos de subterráneos con la tarjeta SUBE; así se puede seguir con todos los servicios públicos en base al nivel de consumo).
Podemos concluir entonces que este redireccionamiento de los subsidios logrará disminuir las inequidades existentes hoy con respecto al uso de los servicios públicos en función del bienestar de los sectores más necesitados, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento y desarrollo con inclusión social.
Dejá tu comentario