La gira de la Mesa de Enlace por el Congreso se cerró ayer con el anuncio de dos acuerdos: en la sesión de la semana próxima, el kirchnerismo sancionará la emergencia agropecuaria por la sequía en al menos cuatro provincias, y además reflotará el debate de la Ley de Arrendamientos.
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El jefe de la bancada kirchnerista, el santafesino Agustín Rossi, accedió a tratar en el recinto de la Cámara de Diputados la emergencia agropecuaria que establece, en principio, un fondo de $ 150 millones para recomponer la capacidad de los pequeños productores de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja se mostró más cauteloso, y si bien aseguró que se continuará con el tratamiento de la ley de emergencia económica y las compensaciones por la sequía, aclaró que «los dirigentes del campo no se llevaron ningún compromiso concreto de parte de la bancada».
Rossi incluso les pidió a Luciano Miguens (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi ( Federación Agraria), Fernando Gioino (Coninagro) y Mario Llambías (Confederaciones Rurales) que se pongan de acuerdo entre ellos si quieren retomar las discusiones en torno a la segmentación de las retenciones. «Si se quiere un plan segmentado de retenciones, los grandes productores deben asumir los costos para que los pequeños puedan pagar menos de 35%», fue el reproche de Rossi. Es que el proyecto del oficialismo, sepultado por el voto no positivo de Julio Cobos, contemplaba esa segmentación para los pequeños y medianos chacareros.
Al finalizar el encuentro, que se extendió por más de dos horas en las oficinas del tercer piso del Palacio Legislativo, Miguens sólo pudo rescatarel reinicio del diálogo con el oficialismo, «después de mucho tiempo de estar aislados», debido a la crisis agropecuaria que se desató por las retenciones móviles.
Los productores plantearon a los legisladores la necesidad de segmentar retenciones por tamaño de productor, instrumentar medidas para superar la sequía y alentar la ganadería, mejorar el precio de los lácteos, en una larga agenda de temas.
También se mencionó la necesidad de crear un fondo de compensación para productores. «Tocamos todos los temas, ahora empieza el camino de instrumentarlo», dijo Llambías.
Pero desde el bloque kirchneristade Diputados la respuestafue tajante: «La políticaagropecuaria la diseña el Poder Ejecutivo, arreglen con Cheppi y después volvemos a discutir qué leyes se pueden impulsar desde acá». Acorde con la posición manifestada ayer por el secretario de Agricultura, no parece avecinarse un acercamiento campogobierno (ver aparte). La bancada de Rossi no quiere volver a asumir el peso político de las negociaciones con el campo y por eso evitaron comprometerse a impulsar nuevas iniciativas sin el visto bueno de la Casa Rosada.
Tras la reunión con el oficialismo, los cuatro barones del agro se dirigieron al anexo de la Cámara de Diputados donde fueron recibidos por los bloques de la oposición, Coalición Cívica, UCR, PRO, Partido Socialista y Frejuli.
«Lo que se logró con la derogación de la Resolución 125 es fundamentalmente el primer paso de la caída de un entramado de normas que generan una enorme discrecionalidad en la Argentina. Hay un armado que lleva muchos años, que se ha ido consolidando y que se ha ido perfeccionando, y que otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso. Esa discrecionalidad -cuyo exponente máximo son los superpoderes- rompe las reglas de juego. Por lo tanto, lo que se requiere en nuestro país es que vuelva a haber reglas de juego y que se sepa que nadie puede cambiarlas sin pasar por el Congreso», afirmó el diputado Oscar Aguad, titular de la bancada de la UCR, quien ofició de anfitrión del encuentro.
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