El gobierno de la provincia de San Luis firmó el decreto de promulgación de la riesgosa «ley anticorralito», que la administración puntana instrumentó para obligar a los bancos a devolver a los ahorristas los fondos retenidos en el denominado «corralito» financiero.
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El próximo paso que dará la administración provincial será reglamentar la norma, lo cual podría producirse entre hoy y el 23 de mayo, que es en realidad lo que en alguna medida esperan los bancos para definir su postura ante esta ley.
Cabe recordar que la semana pasada las entidades financieras radicadas en esa plaza deslizaron públicamente su intención de demandar ante la Corte Suprema de Justicia al gobierno de San Luis por la implementación de esta ley. En rigor, las filiales bancarias aseguran que la normativa podría poner en jaque la permanencia de los bancos en la provincia, ya que ninguno está en condiciones de devolverles a los ahorristas los fondos depositados.
En los hechos, la promulgación de la ley no sorprendió a las entidades financieras. Se daba por seguro que si el gobierno provincial había tomado la iniciativa de sancionar una ley de este calibre, también avanzaría con todos los requisitos formales para que la norma sea legalmente perfecta y aplicable.
El anuncio lo formuló el último viernes el ministro de Economía, Claudio Poggi, quien aseguró que «la decisión del gobierno no significa que hayamos librado una guerra entre los bancos, simplemente se trata de buscar un punto de equilibrio entre los sectores más débiles y las entidades bancarias». El decreto reglamentario de la Ley N° 5.303 determinará el procedimiento y el plazo para que los bancos y ahorristas acuerden el reintegro de los fondos atrapados en el sistema financiero.
En concreto la «ley anticorralito», cuya promulgación será publicada hoy por el Boletín Oficial de San Luis, persigue como su objetivo fundamental que los bancos y ahorristas se sienten a negociar las formas de devolución de los depósitos, para lo cual podría establecerse un plazo de 30 días.
Con todo, el viernes, luego de conocerse el anuncio, desde las casas matrices solicitaron el texto del decreto de promulgación para rápidamente ponerse a analizar su viabilidad jurídica.
