Los pequeños y medianos empresarios nucleados en la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) pidieron ayer al gobierno que utilice el acuerdo con las provincias y el «blindaje financiero» para implementar políticas activas que favorezcan a las PyMEs.
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Lo hicieron durante una reunión entre la cúpula de CAME liderada por Osvaldo Cornide, y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.
La entidad solicitó, además, que se suspendan los embargos directos por parte de la AFIP, ya que según datos de ese organismo, hasta setiembre de 2000 se trabaron 210.000 por un total de $ 6.000 millones.
De ese total, 80% es de una deuda inferior a los $ 20.000, por lo que la CAME considera que el objetivo buscado por el fisco no se cumplió, ya que la mayoría de las cuentas corrientes poseía saldo deudor. También se pide la suspensión de los remates realizados por la AFIP y el Banco Nación.
La CAME pidió que el gobierno salga a restringir la «política de precios predatorios que llevan adelante las grandes cadenas de comercialización».
Consideró necesario reformular la última moratoria, que abarcó deudas hasta octubre de 1999, otorgando 60 cuotas para su cancelación con quitas en los intereses y costas.
Al respecto, piden que las mismas condiciones se permitan para las deudas hasta octubre de este año.
