El gobierno dio ayer el primer paso para «nacionalizar» los juicios iniciados por accionistas de empresas privatizadas contra el Estado. Para ello creó por decreto la Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral, presidida por el procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, y que estará integrada por representantes de Economía, Planificación y Cancillería. Se busca recuperar la jurisdicción local en esos juicios, que se tramitan ante un tribunal arbitral del Banco Mundial, sumando ya 60 causas por 16.000 millones de dólares. La iniciativa -importante, pero de difícil concreción- busca que se declare la inconstitucionalidad de someter a laudo internacional las controversias sobre inversiones.
Dijo Rosatti que «se buscará recuperar y/o revisar la jurisdicción local en los juicios iniciados contra el Estado en tribunales arbitrales», y que esa revisión puede ser «previa, concomitante o posterior».
El funcionario añadió que en forma paralela se realizará «un esfuerzo diplomático con los países con los que existen tratados de protección recíproca de las inversiones, para lograr una interpretación distinta en algunos temas», como la jurisdicción en la que deben resolverse controversias sobre inversiones.
Rosatti hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, convocada y encabezada por el jefe de Gabinete,
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