Rebelión de los fiscales por sobornos

Eduardo Freiler tal vez se convierta en un fiscal estrella: ayudó a derrumbar al juez Liporaci, quiere procesar a 7 senadores y apunta a dos altos funcionarios retirados (Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes) que obviamente pueden admitir que no respondían a una instancia superior. Por si fuera poco, dispone -al igual que otros fiscales- del respaldo explícito del Frepaso. Combinación mortífera para la Alianza en el poder si se cumplen los designios de Freiler. Más intachable parece porque comparte cátedra, y es amigo, de Darío Richarte, el segundo hoy de la SIDE que a su vez antes era el segundo de De Santibañes. Le queda, sin embargo, una mácula para quienes lo acechan: en Tribunales se afirma que llegó al cargo porque su suegra, María Esther "Monona" Arandia de Pérez Pardo, una peronista que fue secretaria parlamentaria en Diputados (gestión Alberto Pierri), contribuyó a recomendarlo. Sobre todo, con el eterno influyente Eduardo Bauzá, mendocino al que se le atribuye haber sugerido más de un nombramiento en la Justicia. La casualidad hizo que Freiler, y otros fiscales, decidieran que tanto Bauzá como Ramón Ortega quedaran al margen de la causa de los sobornos por falta de mérito, aunque en apariencia Antonio Cafiero fue terminante cuando los involucró a ambos en la percepción de sobornos.

La mayoría de los fiscales federales penales de la Capital -unos 16 sobre 24, con varios en vacaciones-se abroquelaron ayer en torno a sus pares Eduardo Freiler y Federico Delgado para expresarle su solidaridad y reclamaron al Procurador General Nicolás Becerra que «frene las interferencias» del poder político en la Justicia, al tiempo que le exigió un respaldo «explícito y fulminante» a sus subordinados.

Las exigencias de este grupo del Ministerio Público fue una respuesta a las duras críticas que partieron desde el gobierno -fundamentalmente el ministro del Interior, Federico Storani-por la apelación que hicieron Freiler y Delgado en el que pidieron se revoque la falta de mérito que dictó el juez Carlos Liporaci, favoreciendo a 11 senadores, en el caso de los presuntos sobornos en el Senado.

«En un Estado de Derecho, la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones no sólo es un deber para tales magistrados del Ministerio Público, sino que es una garantía para la misma sociedad». Así sostiene la carta elevada a Becerra --regresó ayer de Panamá- por Patricio Evers, Pablo Rechini, Guillermo Montenegro, Carlos Alberto Rívolo, Guillermo Marijuan, Carlos Cearras, Oscar Amirante, Germán Bincaz, Jorge Felipe Di Lello, Jorge Alvarez Berlanda, Eduardo Taiano, Luis Comparatore, Gerardo Pollicita y Paulo Starc.

Denunciante

En consonancia con la posición de los fiscales, el abogado frepasista Ricardo Monner Sans volvió a su antigua práctica de denunciar funcionarios como lo hacía en el gobierno de Carlos Menem: esta vez acusó a los ministros Storani y Chrystian Colombo (jefe de Gabinete) de incumplimiento de sus deberes, cayendo la causa en manos del juez Adolfo Bagnasco.

Freiler y Delgado pidieron a la Sala I de la Cámara Federal Penal porteña que se revoque la decisión de Liporaci de dictarle la falta de mérito a 7 senadores -Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda y Emilio Cantarero del PJ y Alberto Meneghini de la UCR-y dejaron sin definición la situación de otros 4 -los peronistas Eduardo Bauzá y Ramón Ortega y los radicales Raúl Galván y Alcides López-hasta que termine la pericia patrimonial sobre sus bienes. Pero también pidieron el procesamiento del ex presidente provisional del Senado, José Genoud, que no figuraba entre el grupo de imputados por el juez.

La apelación debe ser sostenida, ahora, por el fiscal de Cámara, Germán Moldes -ex secretario de Población del anterior gobierno-para que puedan intervenir los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, a quienes el Frepaso suele descalificarlos por su presunta pertenencia al menemismo. Si Moldes no impulsa la apelación de sus inferiores, la falta de mérito de Liporaci queda firme por falta de acción penal y la investigación vuelve al juzgado de instrucción para que continúe la investigación.

De todos modos, en cualquiera de las dos situaciones -Moldes ayer se refugió en un cerrado silencio-la causa sigue su curso y no se detiene el careo previsto para la semana próxima del senador Antonio Cafiero con su pares Pedro del Piero (Frepaso), Silvia Sapag (MPN-Neuquén) y Horacio Usandizaga (UCR). A estos tres, Cafiero, les habría contado que «por lo menos cinco senadores le habían dicho que sabían de las coimas». Como en el juzgado de Liporaci, el senador de San Isidro sólo nombró a tres, ahora, el juez quiere saber quiénes son los otros dos.

Sin embargo, pese a los reclamos de los fiscales y del pedido de Fernando de la Rúa a sus ministros, ayer se originaron nuevas expresiones desde el gobierno para calificar la apelación de Freiler y Delgado. El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga tildó de precario al escrito fiscal y reiteró que el aporte oficial fue mucho más de lo pedido.

Los fiscales se quejan de que faltó información de la SIDE, la Policía Federal, Migraciones y el Banco Central. Otro que opinó fue el senador peronista, Jorge Yoma, quien dijo que el caso de las presuntas coimas en el Senado se convirtió «en una herramienta para dirimir la interna de la Alianza», es decir la pelea de De la Rúa y Storani con Carlos Chacho Alvarez.