Es posible que Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, estuviera «en la lona» del gabinete nacional, como afirmaban tantas versiones. Pero en la última semana encontró un alma solidaria dispuesta a reanimarlo: Héctor Recalde, el eterno candidato a ocupar su cargo. Este abogado cree haber encontrado la oportunidad de retrotraer el derecho laboral a la década del 70, cuando los sindicalistas agradecían la «conquistas» sociales mientras con su voracidad contribuían a derribar a María Estela Martínez de Perón (valga la mención en estos días de efemérides).
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Ayer, durante la reunión habitual de la Comisión de Legislación Laboral -en la que Recalde es presidente y jefe de asesores simultáneamente-, se repasaron los proyectos que propuso este kirchnerista para darle más rigidez al mercado de trabajo, aumentando el desempleo. El clima en esa comisión, salvo por la presencia de Guillermo Alchouron, es bastante favorable a Recalde: en su mayoría se trata de diputados ligados al sindicalismo o sindicalistas ellos mismos.
Las ideas del abogado de Moyano comenzaron a provocar ya reacciones adversas. Ayer, el presidente de la Asociación de Empresarios, Gastón O'Donnell, se quejó de uno de los proyectos más graves de los que estudia esa comisión: el de eliminación de los topes indemnizatorios. O'Donnell señaló que «en un régimen en donde aún perdura la indemnización agravada en 50% y existen numerosas multas muy gravosas que recaen especialmente sobre las pymes, se están poniendo en riesgo las fuentes de trabajo». Sin embargo, O'Donnell señaló un detalle en el que suele escudarse Recalde para que avance su ley: «El fallo Vizzotti de la Corte Suprema revisó recientemente el monto de dichos topes. La eliminación lisa y llana redundará en un obstáculo a la hora de tomar personal pues si la ruptura es más onerosa, menos propensión habrá a la hora de iniciar una relación laboral».
Recalde sigue adelante con sus proyectos, más allá de estas prevenciones: a los de topes indemnizatorios, veda laboral del domingo, extensión de la prescripción a 10 años y fijación de una indemnización mínima universal, ahora piensa agregarle una extensión de la licencia por maternidad.
Mientras el abogado del camionero Moyano sigue en su «restauración de las leyes», el «otro yo» del gremialista, el colectivero Juan Manuel Palacios, ya pidió un aumento escalonado de sueldos de 16% para este mes y 20% para junio. En voz baja, los transportistas se abrazan a dos argumentos para esta escalada: primero, que los fondos para financiar esas subas siguen saliendo del Estado, que deriva al transporte caudalosos subsidios; segundo, que Kirchner habilitó para Santa Cruz una recomposición salarial de 30% para que el nuevo gobernador, Carlos Sancho, pudiera asumir el cargo sin apremios sindicales. Como es comprensible: Tomada festeja. Salvo que quiera dañarse mucho a sí mismo, Kirchner jamás podría darles el Ministerio de Trabajo (donde se homologa o no la espiral salarial) a sus adherentes camioneros y colectiveros, en la persona de Recalde.
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