Rechazó el Senado pedido del gobierno

Economía

El Senado no votará finalmente la autorización al Poder Ejecutivo para incrementar en $ 1.300 millones la emisión de títulos de deuda este año. La historia de esos nuevos bonos se convirtió en la discusión más dura de fin de año entre el gobierno y el Congreso. De por sí, ya es una novedad que los senadores le nieguen a la Casa Rosada un pedido, menos en este caso que parecía, en inicio, casi un trámite burocrático.

Pero la distribución que el gobierno haría de esos bonos, en especial $ 598 millones que se argumentó serían para cancelar deudas con la quiebra del Grupo Greco, terminó por transformar la cuestión en una guerra en la que hasta los senadores kirchneristas se negaron a apoyar al gobierno. Pero lo curioso es que el kirchnerismo en el Senado no sólo vetó el pago de $ 598 millones en la causa Greco que había sido denunciado por la UCR, sino que también decidió que no habría ampliación y mandó a congelar el pedido completo por los $ 1.300 millones.

El gobierno ahora deberá afrontar el resto de los pagos comprometidos con ese monto -como deudas por juicios previsionales, demandas de jubilados de fuerzas de seguridad o deudas con el Programa de Propiedad Participada de los ex empleados de YPF- con bonos ya autorizados o con parte del superávit. En el medio de la historia quedó la aprobación de ese proyecto en Diputados, donde no se objetó el destino de esa nueva deuda a emitir y una investigación sobre el sistema de pagos del gobierno y destino de fondos que inició ahora la oposición.

  • Pedido de explicaciones

    Todo comenzó con la votación en la Cámara de Diputados de ese mensaje del Poder Ejecutivo por el que se disponía emitir $ 1.300 millones más que los $ 2.900 millones ya autorizados por el Congreso para este año. Cuando esa iniciativa llegó al Senado, el radical Gerardo Morales pidió explicaciones sobre el destino que se daría a esos papeles. En particular, los senadores de la UCR querían saber para qué se aplicarían $ 710 millones de los $ 1.300 millones que estaban autorizando, algo que el oficialismo no había explicado con más detalle que el de mencionar que sería para pago a proveedores. En una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Ingresos Públicos, Raúl Rigo, a quien no le corresponde el problema por su área, no pudo explicar el destino de esos fondos más que lo escuetamente consignado en el proyecto del gobierno. Pero se comprometió a enviar un resumen de todas las deudasconsolidadas pendientes del Estado.

    Ya se sabía que de esos $ 710 millones para pago a proveedores, unos $ 598 millones irían a las causas del Grupo Greco. Lo que no se entendía era por qué. Pero al día siguiente el propio kirchnerismo decidió modificar el importe total a autorizar y bajar del proyecto $ 500 millones en bonos.

    La nueva emisión de bonos sería entonces de $ 800 millones. El tema impactó inmediatamente en el Senado por varias razones. Nadie entendió por qué el gobierno bajó inmediatamente el monto ante el mero pedido de informes por parte del radicalismo, cuando el gobierno se caracteriza por no dar marcha atrás en sus proyectos o impedir que sean modificados en lo más mínimo. El chaqueño Jorge Capitanich fue el encargado de arreglar el entuerto con la oposición en el Senado.

    Acordó con el Ministerio de Economía bajar esos $ 500 millones de los $ 710 millones y garantizar la votación del proyecto por parte de todos los bloques. Pero no quedaba en claro qué deuda con el Grupo Greco el gobierno estaba dispuesto a honrar al límite de disponer una emisión de bonos por un monto tan significativo como ése. Según reconoció la semana pasada Capitanich, esos $ 500 millones corresponderían «a pagos por juicios de la quiebra del Grupo Greco» que, para no generar mayores conflictos, no se autorizarán.

    Rigo presentó un informe con los nombres de los beneficiarios del pago: José Greco con $ 123,5 millones, Oscar Francisco Greco con $ 123,5 millones, Libertad Bassil y Jorgelina Bassil con $ 61.8 millones cada una, Margarita Granzotto de Greco con $ 104 $ millones y Héctor Greco con $ 123,5 millones. Todos esos pagos quedarán ahora pendientes y, además, serán el centro de una investigación que ayer anunció el radical Morales.
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