El gobierno sufrió ayer su cuarto fracaso en el intento de sancionar en el Senado el proyecto que modifica y aumenta la tasa sobre el gasoil y que, al mismo tiempo, eleva fondos a subsidios para el transporte, todo manejado por Ricardo Jaime, secretario de Transporte y con claros beneficios para Hugo Moyano. Los senadores radicales y peronistas decidieron por la mañana una nueva postergación ante el peligro que la sesión se cayera justo cuando tenía todo listo para convertir en ley el marco regulatorio del GLP, que modificará la forma de comercializar las garrafas.
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Era, de todas formas, un día complicado para tratar el tema justo cuando Shell había dispuesto un aumento en ese combustible y se sabe que la nueva alícuota de 20,2% que se pretende votar lo hará subir otro 1,5%.
Pero definieron el fracaso en la falta de respuestas del gobierno en el caso SW, lo que provoca un absoluto rechazo a poner más fondos bajo la supervisión de Jaime y la sombra de Moyano como beneficiario para sus planes de «profesionalización» de los transportistas.
• Complicación
Pero, sobre todo, la postergación de ayer es una complicación para el propio Néstor Kirchner. La semana pasada, después del acto de cierre del canje de deuda, le pidió expresamente a un grupo de senadores en un aparte que quería tener sancionada «cuanto antes la ley del gasoil». Una vez más no pudo ser.
En lugar de eso, los senadores sí aprobaron el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, tal el nombre completo de la norma. Se convirtió así en ley la versión del proyecto que habían aprobado los diputados -al no tener el PJ en el Senado el número necesario para ratificar su sanción original-. Esto significa que se votó el proyecto en contra de la pretensión de las empresas productoras y distribuidoras de hidrocarburos.
• Guerra
Por eso el debate más fuertese centró en el artículo 14 de la norma que ahora establece que las garrafas pertenecen a los consumidores y no a los fraccionadores, como fijaba la primera votación de los senadores. Esa diferencia marcó una guerra en el Congreso que se demoró por meses.
El resto del proyecto fue aprobado por unanimidad, con algunas modificaciones menores hechas en la Cámara baja, por lo que el texto fue convertido en ley y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. El santacruceño justicialista Nicolás Fernández, presidente de la Comisión de Combustibles, había anunciado un acuerdo con las distribuidoras y las empresas fraccionadoras de gas en garrafas para superar esa disputa por la propiedad de los envases que venía trabando la sanción del proyecto del marco regulatorio del GLP. «El tema de la propiedad del envase es asignar la responsabilidad del mantenimiento, el acondicionamiento y el llenado de los envases», explicó. Con o sin acuerdo de las empresas, la nueva ley fija una modificación en el tratamiento del IVA y la fijación de un precio de referencia que debería actuar presionando una baja en el precio de las garrafas, más allá de modificar el marco de control del sector.
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