Reforma del Estado: ¿los mismos errores?

El gobierno lanzó un programa de reforma del Estado basado en el Decreto 103/ 2001, art. 6. En él, se propone que 75% de los ahorros que se generen en los distintos organismos del sector público nacional se utilice para recompensar con un «bonus» a aquellos funcionarios que los realizaron.

Lamentablemente, aunque más prolija y atractiva, esta forma de encarar la reforma del Estado tiene los mismos vicios conceptuales que los ajustes de erogaciones realizados hasta ahora. Antes de los recortes que se realizaron durante 2000, la Argentina tenía un sector público nacional ineficiente y que gastaba más de lo que podíamos pagar. Después de los ajustes, tenemos un Estado ineficiente, pero que gasta algo menos que antes; aunque todavía más de lo que podemos afrontar.

Interrogante

La pregunta que hay que hacerse es para qué tiene que servir una reforma del Estado. Muchos colegas contestarán: «Para ahorrar fondos y volver al sector público financiable por la comunidad argentina». En mi opinión, sin restarle importancia al hecho de tener un Estado que podamos sostener, lo más importante es que la plata que gaste sea bien utilizada y que sirva para que cumpla eficientemente con sus facultades indelegables y con la asistencia de los más necesitados.

En una palabra, que los impuestos que paga la comunidad terminen sirviéndole a ésta. Por supuesto, si además podemos generar un ahorro, sería sumamente deseable hacerlo.

El Estado argentino está conformado por una estructura en la cual cada presidente y ministro que llegó fue conformando las dependencias a su cargo de tal forma de cumplir con los objetivos que quería priorizar. Muchas veces, estos nuevos puestos no sustituían a otros, sino que se les agregaban. Por lo tanto, hoy existen áreas que responden a viejos conceptos de gestión y que no tienen ninguna función útil en el actual contexto socio-económico. Además, cada ministro actuaba en su cartera según su propia concepción de las tareas que debía realizar y eso también trajo aparejado que haya departamentos en distintos ministerios que cumplen las mismas funciones.

A todo esto hay que agregarle que cada funcionario político que entraba en un puesto encontraba una cantidad de empleados con estabilidad en su cargo garantizada que, supuestamente, no respondía a sus necesidades. Por lo tanto, contrataba a nuevos funcionarios que cubrían las tareas que debían realizarse. Por supuesto, cuando se acercaba el momento en que debía dejar su cargo, les confería estabilidad a muchos de estos empleados contratados. Entonces, el nuevo funcionario que ocupaba su puesto volvía a encontrarse con el mismo problema que su antecesor, aunque con más empleados estables, repitiéndose la historia indefinidamente. De esta forma, cada administración fue dejando su «herencia» en sucesivas «capas de pintura», que se fueron acumulando hasta formar una burocracia gigantesca, inútil e insostenible.

No tiene sentido intentar hacer una reforma del Estado si ésta va a ser liderada justamente por aquellos que, quizás, en pos de la eficiencia del sector público deberían perder sus trabajos. Aclaro que tampoco estamos sosteniendo que el Estado deba tener necesariamente menos número de empleados, sino sólo que los que tenga le sean útiles a la comunidad. Por ello, quizás haya que despedir a algunos que están de más para tomar a otros que hagan tareas diferentes y le sirvan a la sociedad.

Además, darles a los funcionarios y a los políticos la responsabilidad de diseñar una reforma del Estado suena como poner al zorro a cuidar el gallinero. Los principales beneficiarios de la actual estructura burocrática fofa e inútil son, justamente, aquellos que deberían reformarla. Además, los políticos son aversos a enfrentar el costo que implicará tener que cerrar áreas y despedir personal.

Siempre igual

Por lo tanto, lo más probable es que la reforma planteada por el gobierno nos deje con un Estado que gaste algo menos (lo cual es bueno), pero igual de inservible que antes.

En mi opinión, para cambiar de fondo, el Estado debería constituirse una comisión de políticos que fueran referentes de la sociedad o una de ministros que estuviera encargada de determinar los objetivos que debería cumplir el sector público nacional. Además, la comisión de ministros debería monitorear luego el proceso de reforma.

Sería bueno que, también, tuviera un encargado ejecutivo creíble en términos de buscar una reforma del Estado (¿Ricardo López Murphy?), que el proceso se lanzara con «bombos y platillos» y que estuviera sustentado en una normativa sólida que fije rigurosos plazos para su implementación. De esa forma, se generaría un «shock de confianza» que colaboraría a recuperar más rápidamente la economía.

Consultora

Una vez fijados los objetivos que debiera cumplir el Estado nacional, se llamaría a licitación pública nacional e internacional para contratar una consultora privada. Su función sería relevar la actual estructura del sector público y luego, sin atarse a ella, proponer una que fuera la más eficiente para conseguir cumplir con las metas prefijadas. En este proceso debería garantizarse que la consultora esté libre de presiones políticas y gremiales para que pueda proponer un «Estado ideal».

Posteriormente, la comisión ministerial debería analizar la propuesta y darla a conocer al público, abriendo el debate. Es probable que esta última no se llegue a aplicar tal cual fue ideada, pero se generará una discusión partiendo de una base libre de «politiquería» e intereses sectoriales. Además, forzará a justificar aquellos cambios que deseen hacérsele y dejará en evidencia a los que proponen cosas para beneficio propio o de allegados.

Espero que esta propuesta sirva como aporte para que alguna vez tengamos un Estado que le sea útil al ciudadano argentino.