Mientras en Buenos Aires el comisario europeo de Comercio Internacional, Pascal Lamy, acercaba a los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación, Julio De Vido, los reclamos de «señales claras de seguridad y estabilidad» para las empresas de la UE, en España, el director corporativo de Asuntos Jurídicos de Repsol, Rafael Piqueras, descontó que a la Argentina regresará la seguridad jurídica. Piqueras, en un seminario sobre «el caso argentino» realizado en Madrid, asignó la inseguridad jurídica de nuestro país a las incongruencias que se generan «cuando se legisla de manera rápida». El directivo español ofreció como ejemplos el control de cambios y la Ley de Emergencia Económica, que faculta al gobierno para regular los precios del suministro y los servicios. No obstante, sostuvo que, a medida que pierdan efecto esas normas votadas de apuro, los inversores extranjeros recuperarán la seguridad jurídica necesaria para hacer negocios en el país. Y en ese sentido, adelantó que Repsol no abandonará sus intereses en la Argentina, donde extrae más de 50% del petróleo crudo que comercializa la empresa.
Piqueras, que en 1999 participó en el proceso de compra de la petrolera argentina YPF por parte de Repsol, insistió en que
Este plan, anunciado el 10 de noviembre, se repartirá entre las actividades de prospección y producción (60%, 11,28 mil millones de euros), refinación y marketing (26%, 4,88 mil millones de euros), gas (8%, 1,5 mil millones de euros) y química (6%, 1,13 mil millones de euros), a razón de 28% en España, 26% en la Argentina y 46% en el resto del mundo, según un comunicado de la empresa petrolera.
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