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Buenos Aires (Standard & Poor's) Mayo 21, 2002 La reciente introducción de requerimientos de registro para las exportaciones argentinas de hidrocarburos no modifica por el momento la percepción que Standard & Poor's tiene acerca de los riesgos inherentes a la industria de petróleo y gas en el país. En la opinión de Standard & Poor's, en su ámbito actual de aplicación, dichas regulaciones tienen por objetivo mantener un adecuado suministro interno de gas oil tratando de no alterar significativamente el espíritu de las regulaciones que permitieron el crecimiento de la industria durante la década pasada. Sin embargo, este hecho indica una mayor regulación e intervención estatal que podrían afectar significativamente la calidad crediticia de las compañías que participan en la industria ya que le permiten al Gobierno restringir exportaciones un elemento clave para la calificación de las compañías calificadas.
El Decreto 645/2002, que entró en vigencia el 19 de abril del 2002, creó un procedimiento de registro para las exportaciones de gas oil, hoy extendido a otros hidrocarburos líquidos. Este registro actúa como mecanismo de aprobación a través del el cual la Secretaria de Energía controla las exportaciones y así, regula también la disponibilidad interna de dichos combustibles. Adicionalmente, también el 19 de abril, el Decreto 652/2002 ratificó el acuerdo entre el gobierno y la industria de petróleo y gas, por el cual los productores se comprometían a suministrar determinados volúmenes de crudo a determinados precios a las refinerías locales a efectos de lograr satisfacer el mercado doméstico de gas oil.
Hasta el momento, el precio interno del crudo y sus derivados estaba estrechamente relacionado con el precio internacional y por lo tanto, desde las etapas iniciales del proceso de devaluación los precios han venido incrementándose en términos de pesos al tiempo que el gobierno intentaba sin éxito alcanzar acuerdos con los principales participantes de la industria para impedirlo. Estas regulaciones surgen, entonces, de la necesidad del gobierno de controlar los precios del combustible, especialmente del gas oil, un insumo fundamental para la agricultura y el transporte (tanto de carga como de pasajeros) y, por lo tanto, un factor clave para controlar la inflación. Aparte de las tensiones sociales que generan, los aumentos del gas oil podrían poner en peligro la campaña 2002/2003 de trigo y el remanente de la cosecha de soja.
A pesar de que la severidad del impacto diferiría entre las compañías calificadas, no se espera que el mismo no sería significativo y, adicionalmente, el riesgo de cierto nivel de intervención estatal ya se encuentra contemplados en las calificaciones. Sin embargo, Standard & Poor's sigue preocupado acerca de futuras inclusiones o modificaciones de las regulaciones que pudieran llevar a menores exportaciones de crudo y reducir aún más los incentivos a invertir en la industria, poniendo en riesgo la producción doméstica y la calidad crediticia. En opinión de Standard & Poor's el gobierno tiene incentivos para no llegar a esta etapa dado que las exportaciones de petróleo proveen una importante cantidad de recursos al erario público, no sólo a través de impuestos directos y específicos, sino también a través de los derechos de exportación.
Es importante destacar que la capacidad de las compañías participantes de la industria de disponer libremente hasta un 70% del producido de las exportaciones es actualmente un elemento clave en su calificación. Futuros cambios en la dirección de las regulaciones mencionadas anteriormente conducirían a una percepción de mayor riesgo por parte de Standard & Poor's y, por lo tanto, muy probablemente conducirían a reducciones de las calificaciones de todas las compañías calificadas en el sector. La medida del impacto específico sobre la rentabilidad y la capacidad de generar ganancias de cada participante determinará las acciones de calificación a ser tomadas en cada caso.
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