"Tenemos el desafío de industrializar todos los productos del agro"

El secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía sostuvo que "el desafío enorme que tenemos es industrializar todos los productos del agro". Y explicó que las retenciones son clave para "modificar el perfil de las exportaciones". En la actualidad el 94% de las posiciones arancelarias pagan alícuotas menores a las de 2019.

Roberto Arias explicó que los derechos de exportación son una herramienta valiosa para definir el pefil exportador de la Argentina.

Prensa MECON

La reciente decisión del Gobierno de reducir 0% las retenciones por la exportación incremental de la industria automotriz se inscribe en un reordenamiento de los derechos de exportación que el equipo económico comenzó a fines de 2019 con la Ley de Solidaridad Social, fijando por ley topes máximos para todos los bienes y servicios.

Luego se fueron emitiendo decretos con cambios sucesivos para fomentar las exportaciones. Así en octubre de 2020 se redujo la alícuota de los derechos de exportación de 5.125 posiciones arancelarias y luego, en enero de este año, de otros 3.641 de productos industriales.

Esto implicó que el 94% de las posiciones arancelarias de bienes y servicios y el 39% por valor total de las exportaciones, tomando como referencia el año 2020, hoy tengan una alícuota efectiva más baja que la vigente en diciembre del 2019.

Al respecto, Roberto Arias, secretario de Política Tributaria de la Nación explicó en diálogo con Ámbito que “nosotros tenemos el desafío enorme de industrializar todos los productos del agro”. Y explicó que el reordenamiento de los derechos de exportación “se fue haciendo guiado por los mismos principios: cuidar la sostenibilidad fiscal, hacer un esquema progresivo y promover el agregado de valor de la industria, las economías regionales y los servicios”.

Periodista: ¿Cuál es la estrategia en el reordenamiento de los derechos de exportación?

Roberto Arias: Los derechos de exportación son una herramienta que es muy buena sobre todo para modificar el perfil de las exportaciones, que es tratar de que el principal producto que exporta la Argentina que es la soja se le vaya incorporando cierto valor agregado. Esa fue una política buena hasta 2015 que implicó la creación del complejo aceitero y empezar a exportar aceite y harina. Pero tampoco los derechos son una herramienta que sirva para todo, ahí tenemos una diferencia grande con el macrismo sobre todo lo que se hizo en el 2018. El gobierno de Macri no solo eliminó esta distinción entre exportar bienes con distinto valor agregado en el caso del complejo sojero, sino que le puso derechos de exportación bastante altos a absolutamente todos los bienes, sin distinguir lo que es un bien industrial o de servicios. De hecho fue la primera vez en la historia argentina que se le aplicaron derechos de exportación a los servicios. Cuidando los objetivos fiscales empezamos con un ordenamiento a partir de diciembre del 2019, con un elemento muy importante que por primera vez se fijaron por ley los topes a los derechos de exportación. Vale recordar que la famosa resolución 125 era justamente eso, una resolución. Todo lo que hizo Macri en 2018 fue por decreto. Nosotros fijamos los topes por ley para darle un marco de mayor legalidad y evitar los cuestionamientos.

P.: ¿Fijar los topes por ley también dan mayor certidumbre?

R.A.: El decreto del 2018 les fijó a la industria y a los servicios una alícuota de casi el 10%, con 4 pesos por dólar y el dólar estaba cerca de 40 pesos pero nosotros fijamos un tope de 5%, o sea la mitad. Cuando se aprobó la ley se hizo con una dinámica que no derogó todo lo que estaba vigente. Lo que se determinó fue que todos los derechos de exportación que se fijen de acá hacia el futuro se tienen que adecuar a estos topes pero sin modificar los decretos que ya estaban vigentes. Fue un equilibrio para ordenar el sistema pero sin dejar de recaudar. Se definieron algunas prioridades y se fueron aprovechando las circunstancias con un sentido pragmático. Por ejemplo, cuando comienza la pandemia y el petróleo baja enormemente se aprovechó para modificar los derechos de exportación de los combustibles y se fijó un esquema que es móvil según el precio. Después de modificó a las economías regionales y a la industria se eliminó a prácticamente todos los bienes industriales finales y los intermedios quedaron en 3%. En toda esta reforma siempre hubo un proceso de diálogo bastante intenso con los distintos sectores donde partimos de fijar criterios generales.

P.: ¿Cómo fue el proceso para fijar el esquema para la industria automotriz?

R.A.: Nosotros a todos los sectores les explicamos cuáles son nuestras necesidades recaudatorias. Por ejemplo, con la industria automotriz el proceso fue que el sector estaba en una alícuota de 4 pesos por dólar, que venía bajando. Entonces planteamos que en el presupuesto 2021 teníamos previsto tanta recaudación de derechos de exportación de la industria automotriz que es similar al 4,5% del total de las exportación del 2020, entonces todo lo se exporta por encima no lo queremos, y queda en 0%.

P.: ¿El ordenamiento de los derechos es parte del proceso de una reforma tributaria más integral?

R.A.: Sí porque todos los cambios que se vienen dando comenzaron con la ley de Solidaridad que además de ordenar los derechos modificó el impuesto a las Ganancias a sociedades, el esquema de aportes patronales a la seguridad social, creó el impuesto País, modificó las escalas de Bienes Personales que es un impuesto progresivo y hoy mejoró mucho la recaudación, y se le dieron beneficios a pymes empezando por la moratoria. Desde ese primer hito que a veces se pasa por alto pero fue una modificación importante del sistema tributario y todo lo que se fue haciendo más adelante está guiado por los mismos principios: cuidar la sostenibilidad fiscal, hacer un esquema progresivo y promover el agregado de valor de la industria, las economías regionales y los servicios.

P.: En la actualidad, el 94% de las posiciones arancelarias de bienes y servicios tienen una alícuota de retenciones más baja, ¿hay margen fiscal para seguir con la reducción?

R.A.: Hay margen en la medida en la que vayamos encontrando soluciones como la industria automotriz que implican un esquema válido para el sector pero que no baje la recaudación. Hicimos una reforma importante, siendo la más grande es la del decreto 1060 que baja a casi a todas las economías regionales, menos al vino que tiene un volumen de exportación grande. Con ese esquema estamos bastantes satisfechos porque entendemos que con este esquema de acá a fin de año se va a poder cumplir la pauta de recaudación. Nuestra guía es tener la recaudación que está presupuestada e implementar políticas que favorezcan las exportaciones y las inversiones. Con un esquema de más largo plazo, el margen lo vamos a encontrar para 2022. Hay que hacerlo con un esquema de leyes que den mayor certidumbre. Por eso estamos trabajando con cuatro sectores puntuales como hidrocarburos, industria automotriz, agroindustria y movilidad sustentable.

P.: ¿Esta modificación es un incentivo real al agregado de valor?

R.A.: Creo que sí, que bajo ningún punto de vista deberían existir derechos de exportación para los bienes industriales. La Argentina ya tiene impuestos que gravan la producción de bienes industriales como Ingresos Brutos y créditos y débitos y agregarles derechos de exportación es una mala idea porque el crecimiento de las exportaciones es uno de los elementos absolutamente imprescindibles para tener sostenibilidad y que la economía pueda crecer. Entonces ponerles retenciones a los bienes industriales como industria automotriz, farmacéutica es una muy mala idea, y también a economías regionales en donde hay productos como fruta fresca que tiene mucho valor agregado. Un 10% como arrancó en 2018 es un impuesto a los ingresos brutos del 10%, además con una lógica financiera complicada porque los tenés que pagar por anticipado.

P.: En el campo se quejan por las retenciones a los productos primarios, ¿cómo analiza la situación actual?

R.A.: Nosotros tenemos el desafío enorme de industrializar todos los productos del agro, tanto lo que se vende en el mercado interno como lo que se exporta. La retención a los productos primarios como cereales y oleaginosas generan un incentivo interesante porque producen un precio menor para quien los utiliza como insumo, entonces es un ventaja competitiva para quien produce carne que termina comprando el alimento más barato. Entendemos que el producto primario sin agregado de valor no está mal que mantenga las retenciones. Hay que tratar de no enamorarse de las retenciones y aplicarlas para cualquier cosa.

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P.: ¿El proyecto de Ganancias para personas humanas está vinculada a la estrategia tributaria?

R.A.: Tiene que ver con una situación que se vio muy fuerte en los últimos años que es el aumento de los trabajadores que pagan ganancias independientemente de la situación macroeconómica, porque si crece la economía, aumentan el salario real y más personas pagan ganancias es una situación virtuosa, pero cayó la economía, aumentó el desempleo, cayó el salario real el 20% y el doble de personas pagan ganancias, evidentemente hay un problema con las actualizaciones y la inflación sobre todo de los últimos dos años del gobierno de Macri. Se cuestionó que es una reforma regresiva porque le saca carga tributaria a personas que están más arriba en la escala de ingresos, y en realidad estamos tratando de corregir una distorsión que se dio en los últimos años que no está bien que siga. Se corrigió de una forma progresiva porque si se modificaban las escalas las personas de más altos ingresos iban a pagar menos. Entonces se optó por corregir la distorsión pero concentrando los esfuerzos sobre quienes tienen ingresos menores de 150 mil pesos.

P.: El cambio de alícuota a las empresas para compensar el costo que tiene la modificación de personas humanas de Ganancias, despertó quejas por la carga tributaria.

R.A.: Argentina tuvo durante muchísimos años una alícuota del 35% desde 1998 a 2017. Después en el 2018 se baja a 30%, y cae la inversión. No decimos que hay que aumentar la alícuota para que aumente la inversión porque obviamente afecta a la inversión pero la afecta muchísimo más otros factores como tener una economía que no crece, que haya devaluación del 50%, que no crezca el empleo. Tenemos que tener una macro más ordenada, y recomponer los recursos tributarios es un punto importante. Ni siquiera estamos volviendo a las alícuotas de 2015, es un esquema gradual con lo que ninguna empresa realmente va a pagar el 35%, además en 2015 los dividendos pagaban 10% y ahora van a pagar el 7%. La explicación que estamos dando es que la estabilidad es un bien de todos, no es solo un objetivo del Gobierno, tenemos que poner todos.