Se paraliza el juicio millonario a Yacyretá

El millonario juicio arbitral que mantiene el Ente Binacional Yacyretá con la empresa constructora Eriday que les reclama a la Argentina y al Paraguay una suma superior a los u$s 790 millones por el rubro de «mayores costos» se quedó ayer sin jueces.

Según se pudo conocer ayer en el Juzgado Federal 2 en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, sede de ese juicio arbitral, hizo saber al ente que administra la represa que inició el proceso de sustitución de los árbitros de las dos partes. Se trata del embajador Julio Barberis, que defiende a los dos estados propietarios del emprendimiento; y el abogado y ex representante argentino ante la ONU, Emilio Cárdenas.

Según la CCI, ese procedimiento de sustitución se inició en París como consecuencia de la impugnación de los dos árbitros que emprendió el ente Yacyretá como parte de un trámite de amparo que se tramita en ese juzgado de la Capital-Federal. Además, ayer se confirmó que Barberis, designado para defender los intereses de Yacyretá en ese juicio privado, había ya renunciado al cargo ante el director ejecutivo del ente, el misionero Oscar Thomas.

Con la baja de estos dos árbitros, el juicio queda desbaratado hasta que se designen sus reemplazantes. Un tercer árbitro, el colombiano Nicolás Gamboa Morales, fue nombrado por los dos argentinos, también fue impugnado, sigue en el cargo, y el sucesor debería ser elegido por los nuevos árbitros.

En la presentación de ayer, el ente Yacyretá pide que se cite a las partes para, de común acuerdo, reemplazar a todo el tribunal arbitral y dar de nuevo en el demorado juicio.

Hasta ahora, este trámite estaba frenado por un amparo sin precedentes dictado en setiembre del año pasado por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Claudia Rodríguez Vidal.

La medida fue reclamada por Yacyretá contra resoluciones de los jueces privados del CCI en el trámite donde la empresa italiana Eriday les reclama a la Argentina y al Paraguay la suma de u$s 792.813.035 (a valores del 31 de julio de 2002) por pagos presuntamente incumplidos y mayores costos incurridos cuando se construyó la represa.

• Respuesta

Los gobiernos de Asunción y Buenos Aires han respondido ante esos reclamos que la obra ya está pagada, que los italianos tuvieron una ganancia de 12% por sobre el costo total de la inversión. Más aún, dicen que esa empresa les debe dinero recibido en exceso a los gobiernos de los dos países.

Ese amparo que concedió la Justicia en setiembre mantiene desde entonces paralizado de hecho el litigio. Incluso por razones prácticas, ya que el juez que entiende en la causa pidió a las partes que le enviaran el expediente completo, el cual debió ser transportado en una camioneta por la cantidad de cuerpos que tiene.

La Cámara de Comercio de París rechazó el amparo intentando defender su competencia; sin embargo, ante la recusación que hicieron la Argentina y el Paraguay de los árbitros debió iniciar el mencionado trámite de sustitución, con lo cual termina reconociendo jurisdicción al tribunal argentino.

El amparo original que hizo el ente se basó en una queja ante la Justicia argentina porque los tres árbitros no tuvieron en cuenta las sugerencias de Yacyretá en la elaboración de la llamada «acta de misión», un escrito clave para la resolución del arbitraje.

Se la llama así a la lista de tópicos que debe resolver según las dos partes que pidieron el arbitraje. Lo que no consta en esa «acta de misión» queda fuera de la discusión; lo que sí consta es lo único que pasa a la etapa de pruebas. Como la CCI no incluyó varios ítem que les interesaba discutir a los dos gobiernos, el titular del ente, Thomas, le pidió a la Justicia argentina la medida cautelar para que se citase a las partes y ante el juez se elaborase un «acta de misión» que reflejase las propuestas de las partes.

Entre las cuestiones que rechazó en aquel momento la CCI estuvo la inclusión por la Argentina y el Paraguay de una reserva para que el resultado del arbitraje fuera revisable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo no revisto en ninguno de los arbitrajes donde el país discute hoy con empresas privadas.

La jueza que dio el amparo lo admitió basándose en una vieja jurisprudencia de la Corte que sirvió ya para voltear el resultado de un arbitraje entre la empresa estatal Hidronor y la contratista Cartellone.

En la presentación que hizo ayer el ente, patrocinado por el abogado Héctor Masnatta, Yacyretá insiste en ese criterio de privilegiar la jurisdicción argentina. «Si alguna duda podía caber sobre la voluntad nacional de dar primacía a la jurisdicción estatal sobre la privada -dice el escrito-, ella ha quedado totalmente despejada con la terminante exposición del presidente de la Nación, en su mensaje ante el Congreso Nacional del 1º de marzo pasado.»