27 de agosto 2008 - 00:00

Según Auditoría General de la Nación, Aerolíneas tendría un "patrimonio negativo de u$S 100 millones"

En una nueva jornada de debate parlamentario sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas, el oficialismo intentó poner en segundo plano la figura de una posible expropiación de los activos de la firma, en tanto que la Auditoría General de la Nación señaló que la empresa tiene un patrimonio neto negativo de 100 millones de pesos.

Si bien se escucharon comentarios por los pasillos, en el marco del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Transporte y Vivienda de la Cámara alta no volvió a surgir la posibilidad de expropiar Aerolíneas.

Además, el jefe de Gabinete nacional, Sergio Massa, se encargó personalmente del tema, y afirmó que esa opción "no está en la mira del Gobierno", a pesar de que surgiera del propio seno oficialista, de parte de jujeño Guillermo Jenefes.

"No es una posibilidad que esté en la mira del Gobierno, aunque es una figura contemplada por la ley", admitió Massa.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, había señalado este martes que la figura de la expropiación no puede ser analizada mientras rija el acta-acuerdo entre el Estado y el grupo español Marsans por el traspaso de Aerolíneas, aunque no la descartó totalmente.

"Cuando hay voluntad de vender y hay voluntad de comprar, la expropiación es una figura que no puede ser analizada si no resuelven primero esas dos voluntades. Para eso firmamos un acuerdo, donde el Grupo Marsans dice que le quiere vender al Estado nacional", resaltó Jaime.

La propuesta surgió en la Cámara alta luego de que quedara fuera del proyecto sancionado en Diputados el acta-acuerdo entre el Estado y Marsans, donde se establecía que cada una de las partes haría una valuación de la compañía y en el caso de no alcanzar un acuerdo en el valor se recurriría a un tercer organismo.

Al quitar esta ratificación y determinar que el Tribunal de Tasaciones de la Nación sea quien ponga el precio de Aerolíneas, en el Senado afloró la idea de expropiar la compañía si Marsans se niega a vender una vez que se establezca el precio final.

En tanto, el debate parlamentario de este miércoles se centró en la exposición de distintos referentes de la Auditoría General de la Nación, encargados de determinar el valor actual real de la empresa.

El titular del organismo, Leandro Despouy, afirmó que las primeras estimaciones arrojaron "un patrimonio negativo de 100 millones de dólares", aunque sostuvo que es muy "difícil" auditar la situación patrimonial de la empresa aérea porque su organismo "hace 18 años que no tiene acceso a los balances".

Si bien aclaró que se trata de "borradores", también detalló que los comprobantes entregados por el grupo español Marsans para realizar la auditoría poseen "activos sobrevaluados".

"La dificultad para auditar Aerolíneas se agiganta a medida que los papeles originarios entregados por el grupo Marsans en borradores daban para la empresa un patrimonio neto positivo de 50 millones, aunque tras comenzar la auditoría tendríamos un patrimonio neto negativo de 100 millones", resaltó Despouy.

Al excusar a su organismo por la lentitud de la auditoría -cuestionada por oficialistas y opositores-, argumentó "problemas de orden contable", y agregó: "Tenemos dificultad para encontrar los números, o se nos cambian día a día. Además, tenemos problemas en el acceso concreto a la información".

Por su parte, representantes de los gremios aeronáuticos volvieron a defender el proyecto oficial de reetatización, y acusaron a los legisladores de la oposición de "maliciosos e ignorantes".

"Que la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Frejuli se mantengan con los mismos postulados de hace quince días, sin siquiera leer el nuevo proyecto (aprobado por Diputados) es realmente de una terrible malicia e ignorancia. Lo que critican ya fue modificado", se quejó Eduardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

El ex ministro de Obras Públicas radical, Rodolfo Terragno, cerró la jornada de análisis y se manifestó a favor de una empresa "de bandera, con capitales mixtos, aunque con mayoría accionaria del Estado".

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