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Antes del encuentro con Tomada, los senadores recibieron al Consejo Federal Laboral, integrado por los ministros de Trabajo de las provincias. Allí se pidió, como luego le hicieron saber a Tomada, que no hubiera transferencia del poder de Policía laboral de las provincias a la Nación, tal como contempla la ley.
Tomada también se negó a este punto argumentando que las provincias guardarán participación en el control del trabajo en negro.
Para resumir, el ministro de Trabajo precisó la posición del gobierno: «Esta ley es el producto de un acuerdo con empresarios y sindicalistas. Donde ustedes toquen un artículo se desarma el acuerdo».
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