Serias irregularidades detectan en créditos del Banco Provincia

Los cuatro informes que, por separado, presentó ayer la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense Investigadora del Banco Provincia coinciden en un punto: entre 1991 y 1999, el BAPRO otorgó créditos en forma «irregular» o, en una mirada menos crítica, con «falencias».

Los escritos elaborados por el PJ, la UCR, el polo opositor -Frente Grande y ARI-y el PAUFE de Luis Patti señalan «deficiencias» en el «otorgamiento, gestión y control» de gran parte de los créditos cedidos por la entidad estatal.

La investigación legislativa se centró -a excepción del informe del radicalismo-en los créditos que por 1.850 millones otorgó en Banco y que el año pasado fueron transferidos al Estado provincial para depurar la cartera de morosos del BAPRO.

Hubo diferencias: por caso, entre la mirada técnica del PJ y el planteo de Marta Ferrara, diputada del PAUFE, que pidió considerar la posibilidad de que haya existido una «asociación ilícita».

También, salvo el texto del peronismo, los restantes apuntan hacia la «responsabilidad política» en el manejo de los préstamos que, por caso, según el dúo ARI-Frepaso, tendría por objetivo el «financiamiento político» o el «enriquecimiento personal».

En esencia, los informes refieren a la gestión 1991-1999, mientras Eduardo Duhalde fue gobernador, por dos mandatos consecutivos, y Rodolfo Frigeri y Carlos Sánchez presidieron el Banco Provincia.

• Bono

De esa década, quedaron créditos por 1.850 millones en categoría de incobrables que con Carlos Ruckauf la provincia «compró» con un bono para recapitalizar el banco en 2001, que están siendo investigados por la Justicia platense.

Hay tres líneas centrales en las que coinciden los informes:

• El otorgamiento de los créditos se efectuó, en muchos casos, sin respetar los requisitos establecidos por la entidad, sobre todo en lo referente a las garantías de repago.

• En la cesión de algunos de los préstamos no se respetó el «tope de 20 millones» dispuesto por el mismo directorio del BAPRO.

• En otras ocasiones, se refinanciaron las deudas o se cedieron nuevos créditos a empresas que no contaban con la solvencia necesaria para recibir esos préstamos.

Una diferencia substancial es la interpretación que hicieron los senadores radicales Alfredo Irigoin y Pedro Ascoiti, sobre el alcance de la investigación: no se limitaron a los créditos incobrables, sino que, además, abarcaron todos los procedimientos del banco.

• Romero Feris

Por eso, incluyeron un préstamo de 2 millones de dólares, que ya fue pasado, otorgado en 1996 a José Antonio Romero Feris para la compra de un campo en Curuzú Cuatiá, en Corrientes. Para los legisladores, ésos fueron «créditos políticos».

También el resto de la UCR hace referencia a «autocréditos» y citan la Resolución N° 387/98 del 26 de febrero de 1998 firmada, entre otros, por Hugo Pifarre. Esa resolución otorgó un préstamo de 20 millones de dólares como «autocrédito».

En tanto, el escrito elaborado por el senador Marcelo Di Pietro (ARI) y el diputado Alejandro Mosquera (Frepaso) denunció que la gestión bancaria estuvo «diseñada funcionalmente a los intereses» de «amigos del poder político».

Eso derivó en «deudas de difícil recuperación, plagadas de irregularidades», señalan Di Pietro-Mosquera en referencia a los créditos otorgados, por ejemplo al grupo Maccarone que, para financiar Show-Center, recibió del banco 106 millones.

En un punto, la oposición hace causa común: radicales y el dúo ARI-Frepaso elevan la responsabilidad política hasta implicar a Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.

Hay otros detalles, para dimensionar la operatoria:

• Los quince principales deudores concentran 28,6% del total de 1.850 millones transferidos al Estado para que éste, vía un Fondo Fiduciario, opere un mecanismo para intentar recuperarlos. Y los diez mayores deudores acumulan 441 millones de pesos.

• Según el informe del PJ -elaborado por los senadores Carlos «Tommy» Díaz y Héctor Trucco, y el diputado Raúl Pérez-, apenas 926 millones -50% del total-fueron otorgados en sólo 296 créditos que representan 1,31% del total -22.590- de préstamos otorgados.

Falta aún el informe final que se espera será difundido dentro de dos meses. Ese texto será elevado a Felipe Solá para que, en caso de que lo merite, la provincia accione por inter-medio de su fiscal de Estado.